El detenido empresario Báez pidió se negó a responder preguntas y se diferenció de la ex presidenta Cristina Kirchner, al remarcar que lo acusan por los mismos delitos, pero que él no fue funcionario público.

 La jueza Alejandra Rodenas procesó a Ramón Machuca por el delito de homicidio calificado por promesa remuneratoria, agravado por el uso de arma de fuego y con dolo eventual.

 La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó que presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa sobre el manejo de la obra pública y sostuvo que es “es una maniobra formidable de persecución política” la acusación de integrar una asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner y funcionarios de los dos gobiernos.

Los jueces Orlando Pascua, Jorge Pegassano y Darío Sanchez darán su veredicto. La querella pidió prisión perpetua. Por el hecho son juzgados Luis Antonio "Pizzi" Cabrera (32), Lucas Maximiliano "Cepillín" Fernández (21) y Carlos Roberto Vega (24).

  En el desarrollo del juicio oral, precisamente el 18 de octubre, cuando declaró Sebastián Andrés Morgans, ex Subjefe de la Central de Emergencias 911, la fiscalía ofreció como pruebas las 32 cartas de incidencias que recibieron al momento de los hechos e hizo escuchar los audios durante el debate.

 Según los números expuestos, existen retenciones de Ganancias no ingresadas, por un monto de casi 120 millones de pesos. Entre ellos están Unión y Colón, por gestiones pasadas. Además, el gobierno nacional quiere que el fútbol pague más aportes a la Seguridad Social para evitar desfinanciar al sistema, al sostener que el Estado subsidió a la AFA y a los clubes en más de 1.346 millones de pesos desde 2003.

 El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió procesar al ex titular de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, y a los empresarios, Cristóbal López y Fabián De Souza, por defraudación y administración fraudulenta a raíz de una multimillonaria evasión impositiva de la empresa Oil Combustibles, que permitió financiar a otras firmas del grupo Indalo, perteneciente a los dos últimos.

Es por defraudación y administración fraudulenta a raíz de una multimillonaria evasión impositiva de la empresa Oil Combustibles, que permitió financiar a otras firmas del grupo Indalo, perteneciente a los dos últimos.

La Oficina Anticorrupción acusó a las autoridades del Ministerio de Salud del anterior gobierno de sobreprecios en 1,8 millones de pesos.