La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, avanzó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita recibiera respuestas de distintas plataformas de criptomonedas y billeteras virtuales utilizadas para rastrear el patrimonio del funcionario.

Los informes preliminares habrían identificado operaciones con activos digitales, aunque hasta el momento los montos registrados serían inferiores a los movimientos de dinero en efectivo ya analizados dentro del expediente pero la justicia busca determinar si se trata de una operatoria financiera más amplia.