La posible colisión entre la función pública y los negocios privados volvió a instalarse en la agenda política santafesina. En las últimas horas, el diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó una denuncia judicial para que se investigue al senador Oscar Dolzani, luego de que este admitiera públicamente que un corralón vinculado a su familia vendió materiales para una obra hídrica financiada con fondos públicos.

El caso toma especial relevancia porque dicha obra continuó gracias a un crédito aprobado por la Legislatura provincial, el cual Dolzani votó a favor en su carácter de senador. En ese contexto, Palo Oliver sostuvo en una entrevista con LT10 que no se trata de una discusión política, sino de la posible comisión de delitos penales claramente tipificados.

“Es absolutamente incompatible. Después de ese video, que termina siendo una autoincriminación, no hay mucho más que preguntarle”, planteó el legislador. Además, adelantó que el próximo lunes ampliará la denuncia ante la Fiscalía e incorporará el material audiovisual y antecedentes jurisprudenciales. Entre ellos, mencionó el caso de Amado Boudou, “condenado justamente por incompatibilidad”.

 

Según explicó en la radio, los hechos podrían encuadrase en el artículo 265 del Código Penal, referido a la negociación incompatible con la función pública, y también en el 256 bis, que contempla el tráfico de influencias. “Además, se viola la Constitución de la provincia de Santa Fe y la Ley de Ética Pública, que justamente intenta prevenir hechos de corrupción”, remarcó.

 

Palo Oliver puso el foco en un dato que consideró central: la obra hídrica había quedado paralizada cuando el Gobierno nacional dejó de enviar fondos, pero fue retomada tras un crédito tomado por la provincia. “Ese crédito lo aprobamos prácticamente por unanimidad y él, como senador, lo votó. Después se beneficia de esa misma obra pública”, cuestionó al aire de LT10.

El diputado también se refirió al descargo público del senador, donde advirtió que, si cerraba su empresa, los empleados “tenían que tomar cuenta” contra quienes lo denunciaron. Para Palo Oliver, ese mensaje agrava la situación: “Es muy grave el contenido del descargo, no solo por lo que reconoce, sino por el desconocimiento de la legislación. Alegar ignorancia es peligroso, porque un legislador no puede ignorar la ley”.

En ese sentido, sostuvo que las propias declaraciones del senador abren nuevas líneas de investigación. “Él mismo dice que también le vendió a otras empresas que están haciendo obras financiadas por la provincia. Los fiscales deberían trabajar sobre eso”, advirtió.