Las medidas del gobierno de Perú para luchar contra la inseguridad podrían incluir capítulos que afecten el derecho a la protesta y la libertad de expresión, advirtieron organizaciones gremiales en medio de un clima de alerta que se ha instalado en el país.

“El Poder Ejecutivo pretende criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de las protestas”, afirmó el abogado Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización civil que lucha por los derechos del periodismo.

El debate se intensificó desde el viernes, cuando la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 18 votos contra cuatro un texto que permite que se procese judicialmente a “comunicadores” que “inciten” con sus informaciones a actos de protesta que deriven en violencia.

“Para nosotros queda claro que lo que se busca es acotar al máximo la cobertura”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, quien recordó que ya antes el gobierno de la presidenta Dina Boluarte pretendió imponer recortes en la actividad periodística.

El dictamen, que para adquirir vigencia debe ser ratificado por el pleno del Congreso, algo que potencialmente podría ocurrir dada la correlación de fuerzas, forma parte del estudio que realiza el parlamento sobre un pedido de facultades legislativas extraordinarias planteado por el Ejecutivo para adoptar medidas contra la inseguridad.

En esa solicitud de facultades, que apunta a agilizar la adopción de herramientas para enfrentar a la delincuencia, se introdujo, “de contrabando” en palabras de Lainez, la iniciativa de modificar el Código Penal para poder llevar ante los tribunales a periodistas.

Para entidades como la ANP, el IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana, con solidaridad de la Sociedad Interamericana de Prensa, si la propuesta fuera aprobada se creará una zona amplia en que la actividad informativa quedará a criterio subjetivo de los encargados de impartir justicia.

“Lo peligroso es que la palabra ‘incitar’ se liga de manera directa con la palabra ‘convocatoria’”, subrayó Lainez. Así, un periodista que haya informado en su medio sobre la realización de una protesta podría quedar expuesto a un proceso por “incitación” si tal acto degenerara en violencia.

En medio del escándalo, el primer ministro, Alberto Otárola, aseguró que el gobierno no quiere imponer restricciones a la libertad de prensa, pero no planteó la posibilidad de que ese punto sea retirado del pedido de facultades.