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Politica 16.04.2023

Clientelismo educativo en Santa Fe

En 2023, se efectuó una nueva estrategia: la secundaria de avance continuo optativa. Cada escuela puede adherir voluntariamente a este nuevo régimen. Pero el Ministerio presiona por medio de prebendas

Fuente: Infobae

A partir de la pandemia del coronavirus, la Provincia de Santa Fe apretó el acelerador en la implementación de un sistema educativo facilista. Este venía afianzándose, poco a poco, desde hace décadas, pero se profundizó como nunca.

Las medidas adoptadas fueron claras: recorte de contenidos, adaptaciones indiscriminadas, agrupamientos de materias, sustitución de los exámenes por trabajos prácticos, promociones automáticas y pseudo automáticas, presiones para que se apruebe a los alumnos, docentes sobrecargados que deben dictar veinte clases distintas en simultáneo, estudiantes que avanzan de año sin aprendizajes básicos, etc.

Una vez terminada la excepcionalidad, se pretendió extender dicho modelo más allá de la emergencia sanitaria. Se hizo, en principio, a través de circulares. Frente a la resistencia de la comunidad educativa, se recurrió a resoluciones ministeriales. Sin embargo, la oposición siguió, cada vez más fuerte y organizada. Docentes por la Educación, Padres Organizados, Directivos Autoconvocados, y hasta los sindicatos, se plantaron ante el intento de derogar un decreto con circulares y resoluciones. Más allá del deterioro de la calidad educativa (que es lo más importante y, hay que reconocerlo, viene dándose desde hace décadas), la reforma era a todas luces ilegal, puesto que contrariaba una norma superior.

En 2023, se optó por una nueva estrategia: la secundaria de avance continuo optativa. Los funcionarios anunciaron que cada escuela iba a poder adherir voluntariamente a este nuevo régimen. El mismo, a la fecha, continúa contradiciendo el decreto 181-09, aún vigente. Pero, como el Estado no hace cumplir la norma, los establecimientos que adhieren pueden avanzar tranquilos. Lo mismo ocurre con la organización del ciclo lectivo de secundaria en cuatrimestres, cuando el instrumento vigente establece trimestres. La defensa alegada es que la salida de un nuevo decreto sería “inminente” (como si la inminencia creara validez legal).

En fin, el avance continuo sería de libre elección. Esta voluntariedad es preferible respecto de la intención original de imponerlo para todo el mundo. También se ha empezado a ver, luego de tamaña resistencia de la sociedad civil, una mayor preocupación e hincapié de las autoridades (al menos en el plano discursivo) en relación con la preservación de ciertos incentivos para los alumnos, así como recursos de autoridad y recaudos contra la sobrecarga de los docentes.

Han expresado que los educandos que adeuden materias cursarán obligatoriamente en horario extraescolar, que deberán hacer un esfuerzo extra y que el docente del año superior dará su clase sin preocuparse por los contenidos pendientes. Bienvenido sea si tanto alboroto y discusión ayudó a que estas cuestiones empiecen a ser tenidas en cuenta. Esperemos que sea así.

Sin embargo, hasta ahora, algunas dudas no fueron aclaradas: ¿Qué pasará si el alumno no asiste en contraturno? ¿Cómo se lo obligará a concurrir? En este espacio, ¿aprobará decenas de materias con un solo “trabajito”? ¿Qué ocurrirá si termina el último año con una treintena de materias sin aprobar? ¿Van a seguir presionando para que se haga un trabajo interdisciplinario salvador para los educandos que finalizan estudios? ¿Cómo se hará para enseñar contenidos avanzados si el estudiante adeuda saberes básicos muy extensos?

Más allá de estas dudas legítimas, hay un problema más grave. ¿Puede un sistema educativo estar fracturado en dos subsistemas paralelos, de disímil jerarquía? Desde la eficiencia organizativa y la economía de recursos, no parece, a simple vista, lo más conveniente. Mucho menos desde la justicia y la legalidad. Se debería consensuar un modelo considerado el óptimo según la sociedad, la comunidad educativa y el gobierno, e implementarlo de la forma más unificada posible. Las diferencias deben estar fundadas en parámetros objetivos.

Las autoridades ministeriales y el gobierno provincial tienen derecho a hacer reformas. Nadie lo niega. Son un gobierno legítimamente elegido. Pero la democracia exige también legitimidad de ejercicio: respetar las leyes, la división de poderes, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho y la jerarquía normativa. Esto es parte de la democracia, que promueve la distribución del poder y la maximización del consenso para minimizar la probabilidad de error.

El accionar informal y discrecional de los funcionarios tiene un costo. Ello debilita las instituciones y crea incertidumbre. Se está desarticulando, sin acuerdo, un diseño institucional complejo en nombre del igualitarismo (que no es precisamente igualdad, como marcan las estadísticas).

Ahora, la desigualdad va a aumentar todavía más. El Ministerio está creando un sistema estratificado, cual si hubiera dos castas escolares. Está presionando a las escuelas para que acepten su modelo (que contradice el Decreto 181-09). Lo hace por medio de prebendas que… ¿cómo llamarlas? ¿Acaso hay otra palabra que no sea clientelismo? ¿Clientelismo educativo?

Los 145 establecimientos que aceptaron el avance continuo están recibiendo un indudable trato preferencial respecto de otras instituciones (algunas de estas con bastante mayor vulnerabilidad y necesidad que muchas de las adheridas). Se lo ha anunciado públicamente: subsidios por 600.000 pesos, pizarras electrónicas interactivas, cargos y horas de tutorías docentes… ¿Cuál es la justificación objetiva para dotar de mayores recursos a estas escuelas y para negárselos a las demás?

No es la necesidad o exclusión social, como ya dijimos. Además, de ser así, debería haber un criterio objetivo o alguna especie de fórmula transparente para ponderar la marginalidad. Hay muchos establecimientos vulnerables que no han adherido o que ni los han invitado. Se invita solo a los afines y, al parecer, por llamado telefónico, sin dejar registro escrito. A otros, los incluyeron en un comienzo, pero les retiraron la gentileza sin explicación cuando sus directivos empezaron a hacer demasiadas preguntas.

Lo que se ha creado es un sistema de primera y otro de segunda, funcionando en paralelo. Escuelas de primera y escuelas de segunda, sin importar su contexto o necesidad particular.

Alguien podría alegar que es una prueba piloto, para ver si el nuevo sistema funciona mejor. En ese caso, no debería haber discriminación alguna con las invitaciones ni con los recursos. Deberían competir ambos sistemas en igualdad de condiciones.

Me animo a decir que muchas instituciones favorables al mérito se animarían a competir en desventaja. Pero, no se va a poder comparar cuál modelo funciona mejor, porque no hay evaluación general estandarizada de egreso, como existe en los sistemas educativos más eficientes y exitosos.

Me pregunto, entonces: ¿Cómo se compatibiliza este régimen con la alternancia democrática? Si el próximo gobierno estuviera en contra del avance continuo, ¿debería quitarles los recursos adicionales a las escuelas que adhirieron y transferírselos a las que no lo hicieron? ¿Así nos vamos a manejar de ahora en más? ¿Con un sistema de castas, discriminatorio, desinstitucionalizado, clientelar? ¿La cosmovisión autoritaria marxista-posestructuralista, que inspiró el facilismo educativo, es la misma que justifica este proceder autocrático? Ante la inevitable resistencia ciudadana a que da lugar el igualitarismo, ¿es el clientelismo educativo la inexorable fase superior del facilismo?

 

“El comienzo de la sabiduría es el silencio ”

Pitágoras