En una breve y muy inusual declaración, el fiscal general Merrick Garland, anunció que el Departamento de Justicia (DOJ) pedirá que el tribunal que autorizó el allanamiento de la residencia de Donald Trump permita hacer pública la orden llevada a cabo por el FBI.

La movida es sorpresiva, porque la política del DOJ es nunca informar o comentar sobre investigaciones en marcha. Los documentos relacionados con esas pesquisas solo se conocen cuando se abre formalmente un caso ante un tribunal.

La reacción de Garland indica hasta qué punto este caso, que implica por primera vez el allanamiento a un expresidente, se sale del molde de otros, en parte por las acusaciones de Trump y muchos republicanos de que se trata del uso del DOJ para cumplir con una supuesta persecución política.

En su mensaje del jueves, Garland aclaró que la decisión de pedir que se levante la prohibición de publicar la orden se justifica porque Trump y los suyos ya han revelado la naturaleza de la operación con el gran revuelo generado al informar sobre la acción del FBI. De hecho, la noticia se conoció la noche del lunes porque Trump sacó un comunicado.

Tras la presentación de la moción por parte del DOJ, el juez encargado del caso había dado hasta la tarde del viernes para conocer si había objeciones por parte del equipo legal de Trump. Sin embargo, la noche del jueves, el propio expresidente dijo en un comunicado que no se oponía y que "animaba" la publicación del documento.

Qué puede haber en la orden de allanamiento

Los representantes de Trump tienen copia de la orden, que los agentes entregan para dejar claro la legalidad de la pesquisa, que debe ser debidamente aprobada por un tribunal luego de escuchar las razones de los investigadores.

Una orden de allanamiento es un documento sancionado por un juez, en el que se establece la naturaleza de la investigación, el lugar en el que se realizará la búsqueda y qué tipo de materiales son objeto del interés de los investigadores.

Suelen ser descripciones amplias en la que se refieren a la potestad de los agentes de la ley de incautar cualquier documento o soporte que pueda servir para recabar información sobre el caso bajo investigación.

En ese sentido, los oficiales suelen recabar desde carpetas de papeles, hasta computadoras y teléfonos celulares, donde los investigadores podrán revisar comunicaciones de las personas que son objeto de la pesquisa.

En el caso del allanamiento de Trump, la orden puede también indicar expresamente cuál es el caso por el que se le investiga, aunque él mismo con sus declaraciones ha dicho que es la disputa con Archivos Nacionales para que devuelva documentos secretos del gobierno que
aparentemente sacó ilegalmente de la Casa Blanca.

La orden puede especificar qué delitos se cree que se hayan cometido y qué tipo de documentos son los que se buscan, porque para obtener la autorización del tribunal, los investigadores deben presentar una “causa probable” que convenza al juez de que la pesquisa se beneficiará de lo que pueda hallar en el allanamiento solicitado.

Los expertos en información clasificada dijeron que la búsqueda inusual subraya la profunda preocupación entre los funcionarios del gobierno sobre el tipo de información que pensaron que podría estar ubicada en el Mar-a-Lago Club de Trump y potencialmente en peligro de caer en las manos equivocadas.

Un reporte en exclusiva del diario The Washington Post indicó el jueves en la noche que entre lo confiscado por el FBI había documentos clasificados relacionados con armas nucleares, citando a personas familiarizadas con la investigación.

El inventario de lo incautado en la casa de Trump

Hay otro documento vinculado a la búsqueda del lunes en Mar-a-Lago que está en manos de Trump y del FBI, pero que no es parte de la moción para publicar que hizo Garland: el listado de lo sacado del resort del expresidente.

Al final del allanamiento, los agentes presentaron a los abogados del exmandatario, quienes estuvieron presentes en toda la operación, un inventario de los sustraído del lugar, que pasa a quedar protegido en la llamada “cadena de evidencia”.

Si el caso llegara a un juicio, esos materiales serán presentados a la corte que vaya a manejar el caso. Caso contrario serán devueltos a sus propietarios. Se informó que el lunes los agentes se llevaron 12 cajas de materiales.

Ese listado es también bastante genérico. En él se da cuenta de números de folios, tipo de cuadernos, seriales de los equipos electrónicos y una somera descripción de las piezas incautadas, aunque no de su contenido.

Trump ha dado a entender que los agentes del FBI “plantaron” evidencias, algo que puede ser desmentido con la revisión de lo que se llevaron del lugar.

El affidavit, la explicación final del delito cometido

Pero el documento más importante, que tampoco es parte de la solicitud del DOJ, es el llamado affidavit o declaración jurada.

En él los investigadores presentan un recuento del caso, las sospechas que los llevaron a realizar el allanamiento y las pruebas obtenidas que respalden la teoría de que se cometió un delito.

Ese affidavit no se conoce hasta que se presenta un caso firme presentado ante un tribunal y es la narración con la que el FBI presenta las bases de la investigación.

El mismo acusado potencial, en este caso el expresidente Trump, no sabrá el contenido de esa declaración hasta que le sea abierto un proceso judicial, si es que la actual investigación del DOJ sobre los documentos secretos de la Casa Blanca sustraídos ilegalmente desembocara en una acción de ese tipo.

Por lo regular, el DOJ no informa sobre procesos en marcha, en parte para preservar la presunción de inocencia de los involucrados y para proteger a quienes pueden estar aportando información.

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