Hasta ahora, el dueño mayoritario del Hipódromo Argentino de Palermo (HAPSA), Federico Miguel De Achával, siempre negó ser el dueño de la misteriosa sociedad offshore Val de Loire, abierta en Nevada a través del estudio panameño de Mossack Fonseca, y revelada en los Panama Papers. Según esta investigación periodística publicada en 2016, desde HAPSA se habían girado casi USD 70 millones, entre 2007 y 2013, a una cuenta en Alemania y a otra en Suiza a nombre de Val de Loire. Esta firma era, hasta su cierre en 2017, dueña del 37% de Hipódromo de Palermo.

Pese a la negativa de De Achával de ser el beneficiario final de Val de Loire o de los millonarios fondos que salieron del país en esos años, para la Justicia argentina “las pruebas reunidas en el expediente refuerzan esta sospecha y permiten tenerla por acreditada”. Entre los elementos recogidos por el juez federal Sebastián Casanello en los últimos meses figuran los datos bancarios enviados por Alemania, que muestran que todas las personas asociadas a la cuenta de la offshore en el Deutsche Bank AG de Hamburgo estaban ligadas a De Achával.

Ya en los documentos filtrados de Panama Papers figuraba una nota de agosto de 2014 firmada por la responsable de compliance del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, que actuó como intermediario en la apertura de Val de Loire en Nevada. Dirigida a Mossack Fonseca, en ese texto se indicaba expresamente que De Achával era el beneficiario final de Val de Loire. Sin embargo, De Achával negó estar detrás de Val de Loire ante la consulta del equipo argentino que fue parte de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que participó Infobae y La Nación.

De confirmarse que era el dueño, los giros desde HAPSA hacia la offshore se convertían en una maniobra de “autopréstamos” millonarios para sacar ese dinero al exterior, depositarlos en Alemania y Suiza, y conservar los activos en su poder. Según los documentos, para la devolución del dinero “prestado”, Val de Loire, en tanto accionista de HAPSA en la Argentina, no recibiría los dividendos que le correspondían hasta cancelar la deuda. De esa manera, retenía las ganancias que en la Argentina le correspondían a Val de Loire.

A partir de las revelaciones de Panama Papers, Elisa Carrió hizo la denuncia en al justicia y el fiscal federal Federico Delgado imputó a De Achával por el presunto delito de lavado de dinero y el juez Casanello envió exhortos a Alemania, Suiza y Uruguay.

En el expediente se incorporó un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se convirtió en querellante en la causa durante la gestión anterior. Esta semana que pasó, el organismo antilavado desistió de ese rol. Ante la consulta de Infobae, explicaron que fue a partir de “la desestimación del juez y el fiscal de la hipótesis de lavado”. El fiscal Delgado consideró que no había pruebas suficientes para acusar a De Achával de presunto lavado. El presidente de la sociedad controlante del Hipódromo de Palermo nunca llegó a ser llamado a indagatoria en este expediente.

¿Posible evasión o lavado?

Con el avance de la investigación, en agosto de 2020, se abrió una disputa de competencia. Fue luego de que el juez Casanello resolviera que la causa debía pasar al fuero Penal Económico, por entender que los hechos investigados configuraban el delito de evasión y no de lavado. Su argumento fue que no estaba probado el origen ilícito del dinero girado al exterior para tipificarlos como una maniobra para intentar blanquear ese dinero. Para el magistrado, “hubo un traspaso de activos simulado desde HAPSA a Val de Loire, que pudo tener distintos fines pero que, sin duda, implicó el ocultamiento de activos al fisco nacional, como también al resto de los organismos de control del Estado. El acto simulado es el haber girado fondos al exterior bajo la apariencia de préstamos a un tercero, cuando en realidad los activos nunca salieron del patrimonio de sus dueños originales”. Esa “simulación” tuvo como fin “fugar dinero, que se encontraba bancarizado e incorporado al patrimonio de HAPSA, para ocultarlo”.

La decisión de enviar la causa al fuero Penal Económico fue impugnada por la UIF - que en ese momento era todavía querellante - por considerar que se debía considerar la hipótesis de lavado, aún teniendo a la evasión tributaria como “delito precedente”. Lo fundamentó en la existencia de una sociedad que habría sido conformada por De Achával en un paraíso fiscal, a través del estudio Mossack Fonseca, a nombre de otras personas para evitar ser identificado como su beneficiario fina.

La defensa de De Achával, a cargo de Guillermo Arias, también cuestionó el pase al acuerdo Penal Económico y presentó un planteo de “excepción por falta de acción”, figura utilizada cuando se trata de un hecho que evidentemente no encuadra como delito. Este planteo debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, para lo cual está previsto que se realice una audiencia, aún sin fecha. Esta Sala está actualmente presidida por Roberto Boico, e integrada además por Martín Irurzun y Eduardo Farah.

La Cámara rechazó la resolución de Casanello de declararse incompetente bajo el argumento de que se debían agotar las diligencias para esclarecer, por un lado, el origen de los fondos involucrados en las operaciones denunciadas y, por el otro, su verdadero destino. Fue después de ese pronunciamiento de la Cámara, que finalmente en diciembre de 2021, llegó al Juzgado de Casanello información del banco Deutsche Bank AG de Alemania que confirma la vinculación entre Val de Loire y De Achával.

De Achával siempre adjudicó Val de Loire a “inversores extranjeros” que no identificó, representados por Edmund Ward, que figura en los papeles como manager de la offshore. Ward es un ciudadano con pasaporte británico y domicilio en Delaware (Estados Unidos), y ex suegro de Ramón Fonseca, fundador del estudio panameño Mossack & Fonseca, que se vio forzado a cerrar en 2018 por el escándalo de Panama Papers.

¿Qué decían los datos enviados por el banco alemán? Que el “Account Holder” de la cuenta a nombre de Val de Loire era, desde febrero de 2012, Enrique Tomas Vienni, uno de los directores de HAPSA. Vienni aparecía en los documentos filtrados de la investigación de ICIJ como quien le enviaba una carta a Val de Loire en la que le pedía que hiciera una solicitud de préstamo a HAPSA. Días más tarde, Ward (por Val de Loire) y De Achával (por HAPSA) firmaban un mutuo para transferir el dinero, que así salía de Argentina y terminaba en una cuenta bancaria del Deutsche Bank AG, en Hamburgo (Alemania), y otra en el PKB Privatebank, en Suiza. Los prestamos identificados en Panama Papers fueron 61, entre febrero de 2007 y junio de 2013, por un total de USD 69,2 millones.

Según el informe llegado de Alemania al Juzgado a cargo de Casanello, al legajo bancario de la cuenta en el Deutsche Bank AG se encontraban agregadas copias de los pasaportes de Carlos Alberto Pechieu, ex vicepresidente de la sociedad, hoy otro de sus directores, y socio de De Achaval en la firma Valfinsa SA; y de Santiago Juan Ardissone, familiar del también ex vicepresidente de HAPSA y hoy director Guillermo Miguel Ardissone. Según información de inteligencia aportada por la UIF a la Justicia argentina, Pechieu y Santiago Ardissone serían los beneficiarios finales de esa cuenta.

Según la respuesta de la AFIP al Juzgado, ninguno de ellos dos declaró la cuenta en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias entre 2004 hasta 2017 inclusive, ni el dinero acreditado en ella. De Achával tampoco la incluyó en las suyas.

Los movimientos bancarios detalladas por el Deutsche Bank AG de Alemania también confirmaban que la cuenta recibió grandes sumas de dinero bancarizado, como así también mediante la transferencia de títulos de deuda pública. Para Casanello, los préstamos realizados vía contratos de mutuo (a devolver en un período mayor al año contra futuros dividendos) se activan en la contabilidad de HAPSA como inversiones. Al ser una inversión considerada un retorno incierto en el futuro, dichas operaciones no son evaluadas como ganancias o beneficios presentes sino potenciales, permitiendo disminuir ficticiamente resultados gananciales en ejercicio corriente y tributar menores cantidades al fisco”.

El informe bancario enviado desde Alemania también identificó otra serie de transferencias realizadas por Val de Loire LLC a distintas sociedades offshore y locales. Entre ellas, Wheaton Corporation SA, firma que utilizó Lázaro Antonio Báez para lavar dinero negro obtenido de manera ilegal.

La preocupación durante el juicio en Nevada

Otro elemento que Casanello tuvo en cuenta para dar por acreditada que Val de Loire era de De Achával surgió en el marco de la causa contra Lázaro Báez que él instruyó por lavado, y por la cual fue ya condenado a 12 años de prisión en febrero de 2021, recibió información sobre el juicio llevado adelante en Nevada por el holding NML Capital Inc contra la Argentina por los bonos de la deuda local impagos. En la transcripción taquigráfica de la sesión del 8 de febrero de 2016 ante el Tribunal del Distrito de Nevada, el abogado Jason Willey que representó a Val de Loire, explicó que se había reunido la semana anterior con su cliente y los representantes de su cliente en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que le hicieran entrega de la documentación solicitada por el juez de Nevada. Pero según afirmó, no había podido llevar los documentos a la Corte del distrito de Nevada por la preocupación de su cliente ante una posible filtración de los nombres de las autoridades de Val de Loire. Según los registros de Migraciones, Edmund Ward - el “administrador” de la offshore, no había ingresado a la Argentina para esa fecha, y el que sí estaba en el país era De Achával.

Para Casanello, el “cliente” del abogado norteamericano que representó a Val de Loire no eran “inversores americanos”, ni tampoco Ward. La sospecha es que era el accionista del Hipódromo de Palermo SA, quien se juntó con su abogado argentino y con Wiley para trazar la estrategia legal. La preocupación expuesta ante la Corte de Nevada como justificativo para no llevar la documentación solicitada se explica en que expondría al verdadero dueño de Val de Loire: Federico Miguel De Achával.

Montevideo-Buenos Aires-Nevada

Val de Loire fue creada originalmente el 20 de marzo de 1991 en Montevideo, Uruguay. El ingreso de Hipódromo de Palermo SA como accionista en la sociedad y la inscripción en nuestro país se produjo el 22 de julio de 1996. Según documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ), su primer apoderado fue Miguel Enrique Crotto, cuñado de De Achával, quien cumplió ese rol hasta agosto de 2003, cuando fue reemplazado por Porfirio Raúl Carreras .

El 26 de octubre de 2005, Val de Loire cambió su inscripción de Uruguay al estado de Nevada, en Estados Unidos, un estado norteamericano donde las empresas pantalla no tributan impuestos y permiten mantener los nombres de sus dueños en secreto. El agente residente y encargado de esa tarea fue M.F. Corporate (Nevada) Limited, filial de Mossack Fonseca, especializado en estructuras offshore. El d25 de enero de 2006, Carreras como representante legal de la offshore en nuestro país, inscribió ante la IGJ entre las personas autorizadas para realizar trámites a la abogada Cecilia De Achával, hija del presidente de HAPSA.

Para la Justicia argentina, “hay indicios suficientes para sospechar que el dinero fue puesto en cabeza de un tercero en el exterior no sólo para ocultarlo del fisco sino del resto de los organismos de control y poder cometer otros delitos económicos con esos activos, bajo el anonimato que le otorgaba que estuvieran a nombre de Val de Loire, empresa que ellos mismos controlaban”.

Infobae volvió a consultar para esta nota a De Achával, pero declinó responder el cuestionario enviado sobre su vinculación con Val de Loire y los giros millonarios de HAPSA a una cuenta de la offshore en Alemania.

De los documentos de una segunda filtración de archivos de Mossack Fonseca en 2018, conocida como Panama Papers II, surgió que la misteriosa offshore investigada por la Justicia fue cerrada a principios de 2017. Val de Loire pasó a ser controlada, antes de ser disuelta, por Torsby Trading SA, una sociedad panameña manejada por Zhu Zhingang, hoy suspendida en el Registro Comercial de ese país. Este ciudadano chino quedó, hasta la disolución de la offshore, como titular de las acciones en el Hipódromo de Palermo que tenía Val de Loire.

El 1º de febrero de 2017 también se concretó el cierre de Val de Loire en Argentina, trámite concretado ante la IGJ por Carreras, el representante legal de la sociedad.