La Justicia dispuso este lunes un embargo por 100 mil dólares (12 millones de pesos al cambio oficial) y la prohibición de acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se lo investiga al exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain, imputado por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas para la Policía provincial.

También deberá informar si se ausenta de su domicilio, entre otras disposiciones. Las medidas cautelares impuestas por el juez Héctor Candioti alcanzan también al exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y Maximiliano Novas, exencargado de Finanzas de ese ministerio.

La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, investiga a los tres exfuncionarios del gobierno provincial por supuesto intento de defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares.

Tampoco podrán ingresar a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía de la provincia ni a inmuebles de la policía santafesina. Las disposiciones fueron resueltas por el juez Héctor Gabriel Candioti, quien también señaló que “el haber probatorio reunido hasta el momento (por la Fiscalía) permite tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”.

El juez también hizo lugar a las calificaciones legales imputadas por la Fiscalía: negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.

En la argumentación desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos de convicción suficientes para acreditar que -al menos desde mayo de 2020- los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe.

Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.

Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.

Además, la Fiscalía hizo hincapié en el testimonio brindado por el exjefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, quien afirmó que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes ámbitos, el exministro imputado ya había manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.