El exministro de Seguridad, Marcelo Sain, quedó imputado por el supuesto intento de direccionamiento en favor de una empresa, de un pliego licitatorio para la compra de armamentos, en una operación que fue denunciada por diputados de la oposición y dejada sin efecto por el Ministerio de Economía.

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyen negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación. También imputaron a otros dos ex funcionarios: el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas. Este viernes, será el turno del ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, Marcelo Leandro Correa.

Los fiscales dialogaron con el periodismo al término de la audiencia, y consignaron que las imputaciones se vinculan “con la investigación que se inició en marzo del año pasado a raíz de una denuncia presentada por unos diputados sobre una licitación por la compra de armas para la policía de la provincia. Lo que se atribuye se calificó como negociación incompatible con la función pública, que va en concurso con una tentativa de defraudación a la administración pública”, consignaron.

Al preguntarse si el ex ministro Sain había intentado refutar los cargos, los fiscales se limitaron a consignar que “luego de que se le hiciera la lectura del hecho por el cual se lo investiga, uno de los imputados ejerció su derecho a declarar e hizo manifestaciones no relativas a los hechos (porque expresaron que posteriormente y luego de tomar conocimiento del hecho lo iban a hacer), sino que hizo consideraciones particulares sobre su opinión de esta investigación”.

Los funcionarios judiciales describieron la conducta imputada en términos de que “el funcionario se interesó en una licitación en la que se intentaba la compra de armas para la policía. Y confeccionaron de esta forma un pliego que establecía determinadas condiciones en cuanto a la compra de armas y que solamente permitía que una de las empresas era la que estaba habilitada a ofrecer todas las armas que se pretendían comprar”.

Además, aclararon que “los dos delitos, tanto las negociaciones incompatibles con el cargo como la tentativa de defraudación contra la administración pública por la adminsitración fraudulenta, establecen penas de prisión como de inhabilitación. El concurso que se realizó es del tipo ideal, es decir que si bien las maniobras que realizaron los imputados pueden subsumirse en distintos tipos legales se va a estar a la calificación que establezca la pena mayor”.

El próximo paso de los fiscales será solicitar medidas cautelares, en una nueva audiencia ante el juez, aunque no necesariamente se trataría de prisión preventiva.