Según confirmaron a este medio fuentes cercanas a la familia Vicentin y fuerzas de seguridad provinciales, anoche fue hallado sin vida Nicolás Nardelli, de 37 años. Se trata del hijo de Gustavo Nardelli, Directivo de la empresa Vicentin y presidente de la Terminal Puerto Rosario. Además, el joven era sobrino de Sergio Nardelli, CEO y uno de los principales accionistas de la agroexportadora, quien falleció el año pasado a los 59 años como consecuencia de un paro cardíaco.

El cuerpo del joven fue hallado en una vivienda de Campo Timbó, un club de campo cercano a Timbués, en la provincia de Santa Fe, y de acuerdo a diferentes fuentes oficiales que estuvieron en contacto con los medios locales, el joven se habría quitado la vida.

“Los primeros exámenes médicos manifiestan que no hay signos de violencia externa, todo indicaría o suicidio o fallecimiento por causas naturales. Se solicitó autopsia para corroborar causa de fallecimiento. Lo lleva Fiscal Lucente de sede san lorenzo. Cdo este el resultado de autopsia actualizamos”, dijeron a Infobae fuentes de la Fiscalía de Rosario.

Hay que recordar que Gustavo Nardelli fue noticia el año pasado al ser detenido por personal de Prefectura incumpliendo la cuarentena al navegar con su yate por el Río Paraná, cerca de Rosario.

La situación de Vicentin

La empresa Vicentin atraviesa un momento económico muy complejo y se encuentra en Concurso de Acreedores. En febrero del año pasado, la deuda reconocida por Vicentin alcanzaba los 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento.

Entre los acreedores de la empresa había 1.895 proveedores de granos, otras 586 empresas que le vendían bienes y servicios, y 37 bancos y financieras. Pero además Vicentin quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales, a 98 de sus accionistas (la mayoría de ellos distintos integrantes de la familia fundadora) y a tres de sus empresas controladas por el propio grupo, que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron.

A mediados del año pasado, el Gobierno de Alberto Fernández propuso intervenir y expropiar la empresa, algo que fue rechazado por una gran parte del sector agroindustrial y de la sociedad, especialmente por los habitantes de la ciudad santafesina de Avellaneda, que se movilizaron de manera inmediata en solidaridad con la empresa. Luego la administración nacional decidió dar marcha atrás con la iniciativa.