Pasadas las 13.30 se inició la sesión conjunta del Senado y de Diputados que en menos de media hora definió de manera unánime la suspensión preventiva temporal con disminución salarial del 50 por ciento al fiscal adjunto de la segunda circunscripción judicial, Gustavo Ponce Asahad. A raíz de la pandemia de Covid-19, la sesión fue semipresencial y virtual remota, ya que solo las máximas autoridades de las Cámaras y de la comisión de Acuerdos pudieron estar en el recinto. El resto de los legisladores lo hicieron a través de la telesesión.

La primera votación fue entre los senadores donde los 15 presentes –estuvieron ausentes con aviso Ricardo Kaufmann, José Baucero, Cristina Berra y Lisandro Enrico– votaron por la afirmativa. Mientras que, a su turno, los 48 diputados presentes hicieron lo propio. Allí sólo faltaron con aviso, Luis Rubeo y Amalia Granata. En ninguno de los cuerpos se registraron votos negativos ni abstenciones al momento de considerar el dictamen propuesto por la Comisión de Acuerdos.

El único en tomar la palabra en el recinto fue el senador Raúl Gramajo, quien preside la comisión bicameral que se reunió el martes pasado para elaborar el dictamen que se votó este viernes y que ya designó al diputado radical, Fabián Bastía, como el miembro acusador en el proceso de remoción que se inicia en contra de Ponce Asahad, el fiscal acusado de cobrar coimas a bandas delictivas y de filtrarles información sensible.

Gramajo resaltó el trabajo de la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, ya que "a una semana de los hechos estamos haciendo la sesión conjunta", dijo el senador justicialista por 9 de Julio. Vranicich fue la encargada de acercar el martes pasado las pruebas que había en contra de Ponce Asahad para ponerlas a consideración de la Comisión de Acuerdos. Ese día también estuvo el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien también brindó un informe de las actuaciones que se hicieron en el marco del MPA.

También destacó la celeridad con la que trabajaron los diputados y senadores de la comisión que preside y la determinación de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, para convocar a la sesión conjunta a menos de 72 horas de emitirse el dictamen de la bicameral.

Pero, además, Gramajo remarcó que todo lo actuado está dentro de las leyes provinciales 13.013 y 13.807; y que también está amparado por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. "La Legislatura se enmarcó en estas normas provinciales y en nuestra Carta Magna que es la base de la legislación argentina", dijo Gramajo y agregó: "Pensemos en la necesidad que la comunidad nos impone de poder de alguna manera trabajar ordenadamente y con expeditividad en la resolución de los problemas de corrupción de los miembros del MPA".

El fiscal ante la Justicia

El martes 4 de agosto, cuando la Comisión de Acuerdos se reunía para admitir la denuncia contra el fiscal adjunto de Rosario, de forma paralela se llevaba a cabo la audiencia imputativa contra el funcionario del MPA. En esa instancia judicial a Ponce Asahad se lo imputó por cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes y filtración de datos reservados.

Además, ese mismo martes por la noche la jueza Eleonora Verón le dictó una prisión preventiva por 90 días a Ponce Asahad, por lo que el funcionario del MPA seguirá el proceso judicial en su contra privado de la libertad. Según se ventiló en la audiencia del martes, está acusado de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores.

En la misma investigación se está intentando determinar si hubo y cuál fue –en el caso de existir– la participación del entonces fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal. El ahora renunciado jefe máximo de la segunda circunscripción del MPA será citado entre lunes y martes de la semana que viene a audiencia imputativa donde los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos formularán su imputación.