En una Argentina acostumbrada a no tener descanso en materia de novedades económicas, 2019 no podía ser la excepción. Una inflación que apunta a ser la más alta de los últimos 28 años, las idas y vueltas del gobierno de Mauricio Macri en materia de política cambiaria y tarifaria, la carrera entre precios, dólar y tasas de interés y la profundización de las restricciones cambiarias para detener la caída de las reservas, marcaron el final de una gestión que, pendiente de un desembolso del FMI que no llegó, tuvo que caer en el “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda.

Los anuncios de medidas para aliviar la situación de los sectores sociales más rezagados y tratar de mejorar el desempeño electoral no fueron suficientes para impedir el regreso del peronismo, que en el tramo final del año desplegó su propio recetario.

A partir de los cambios al programa original con el FMI el gobierno preveía que el ritmo de aumento de los precios empezaría a declinar en el primer trimestre de 2019, contribuyendo a un mejoramiento del clima económico y social. Pero la realidad marchó en sentido contrario a las previsiones oficiales. En enero, el índice minorista apuntó un aumento del 2,8% y en febrero, un mes estacionalmente de menor inflación a enero, subió un punto más y cerró el mes con una suba de 3,8%.

- 14 de febrero. La tasa de las letras de liquidez del Banco Central (Leliq), equivalente a la de Política Monetaria, tocó el mínimo de 43,94% y puso fin a una tendencia bajista que en poco más de 4 meses redujo la tasa en 29,59 puntos porcentuales. Ese mismo día, se difundió el 2,8% de inflación de enero, que marcó un cambio de tendencia tanto en la tasa de las Leliq como en la cotización del dólar.

 El 14 de febrero fue un punto de inflexión en el derrotero económico del gobierno de Macri: se difundió la inflación de enero que quebrara tres meses consecutivos de caída, la tasa de Leliq tocó su mínimo histórico y comenzó un recorrido alcista y la cotización del dólar puso fin a cuatro meses de estabilidad

El fin de las vacaciones y el inicio del ciclo lectivo atizaron aun más la inflación, que en marzo anotó un alza de 4,8% y encendió alarmas en la coalición de gobierno. La economía seguía en declive y los precios, lejos de ceder, avanzaban cada vez más rápidamente.

- 5 de abril. El Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo stand by, allanando el camino al desembolso de USD 10.800 millones. El análisis mayoritario de los consultores y analistas económicos indicaba que de esa manera el Gobierno podría cerrar sin sobresaltos el programa financiero del año, lo que alejaba el fantasma de default.

- 17 de abril. Con una inflación que en el primer trimestre había trepado al 11,8% y desbordado las expectativas, el Gobierno lanzó un paquete de medidas para aliviar la situación de los sectores más perjudicados. Se congelaron por el resto del año las tarifas de servicios públicos de electricidad, gas y agua corriente; se acordaron precios con 16 empresas de 64 productos de la canasta básica (aceites, fideos, harinas, galletitas, yerba, leche, yogur, mermelada, agua mineral, cerveza y vinos, en lo que se conoció como “Precios Esenciales”) y con frigoríficos para ofrecer cortes de carne a precios bajos; la ANSES lanzó una línea de créditos para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El congelamiento hasta nuevo aviso del precio de los servicios públicos y la cuasifijación del dólar permitieron al gobierno mostrar un sendero bajista en la tasa de inflación (de abril a julio las variaciones mensuales fueron sucesivamente de 3,2%, 3%, 2,6% y 2,1%). En mayo, la derrota del oficialismo en las elecciones en Córdoba, provincia decisiva en la victoria electoral de Macri en 2015, sumado a la decisión de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner de llevar como candidato a presidente a Alberto Fernández y la rápida dilución de lo que hasta entonces se conocía como “peronismo federal”, desbarataron los cálculos político electorales del gobierno que además fue enhebrando derrotas en distintas elecciones provinciales. Así, empezó a instalarse la posibilidad cierta del retorno al poder del kirchnerismo.

La producción, en tanto, siguió encadenando retrocesos. En abril, el Estimador Mensual Industrial retrocedió 4,6% respecto de igual mes de 2018. Las variaciones siguieron siendo negativas en mayo (-3,1), junio (-2,5) y julio (-2,1%). Lo más que podía mostrar la gestión económica oficial era una inflación declinante, pero todavía alta, y una producción en descenso, aunque a ritmo menguante. Así se llegó a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

14 de agosto: Al cabo de cuatro meses de dólar estable, el resultado adverso de las PASO obligó al Gobierno a replantear su estrategia y anunciar un nuevo paquete de medidas que, según la presentación oficial, beneficiaría a 17 millones de personas y a todas las pymes, con un costo total estimado en $ 40.000 millones. Posteriormente, se dispuso mediante un DNU la reducción a cero de la alícuota del IVA a 13 alimentos de la canasta básica. Si bien la norma llevaba la firma del ministro Nicolás Dujovne, fue anunciada por su par de Producción y Trabajo, Dante Sica. Asimismo, se decidió el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles, un bono de $5.000 para estatales y medidas en favor de monotributistas.

17 de agosto: Se formaliza la renuncia de Dujovne y su reemplazo por Hernán Lacunza, quien se desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires.

 En los días posteriores a las PASO, Macri busca recuperar la iniciativa con un nuevo paquete de medidas. Dujovne es reemplazado por Lacunza, quien anuncia el “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda

26 a 30 de agosto. En pocos días, se encadenan varios acontecimientos adversos al gobierno. El 26 una delegación del FMI visita a Alberto Fernández, el candidato triunfante en las PASO, y se instala el rumor, luego desmentido, de que los representantes del organismo internacional habían señalado que en la Argentina había un “vacío de poder”, lo que fue posteriormente desmentido desde Washington. Pero el daño estaba hecho, ante la cada vez más baja tasa de renovación de los vencimientos de títulos oficiales. El 28 de agosto, Lacunza anunció una extensión en el plazo de pago de letras del Tesoro, del que exceptuó a las personas humanas. Lo presenta como “reperfilamiento”. Dos días después, el 30 de agosto, el riesgo-país de la Argentina, medido por el índice EMBI (Emerging Market Bond Index) del banco de inversión J.P.Morgan, llega al máximo anual de 2.533 puntos básicos. Se trata del diferencial del rendimiento en porcentaje de un bono emitido por el Tesoro argentino respecto de lo que rinde un bono emitido por el Tesoro de Estados Unidos: cada punto porcentual equivale a cien “puntos básicos”. El riesgo-país es la contracara del precio de los bonos argentinos en el mercado secundario, que a esa altura ya cotizaban a niveles de default.

1 de septiembre: El Ministerio de Hacienda y el Banco Central establecen una serie de medidas financieras y cambiarias, entre las que se destaca la implementación de un tope de US$ 10.000 mensuales a las compras de moneda extranjera por parte de personas humanas. Nueve días después, la tasa de las Leliq alcanza su máximo histórico con el 85,911%.

25 de septiembre: El subdirector gerente del FMI y representante de Estados Unidos en el organismo, David Lipton, advierte que el desembolso de USD 5.400 millones esperado para octubre “puede que tenga que esperar un tiempo”. Fue un mazazo considerable para el gobierno; el presidente Mauricio Macri había aprovechado su viaje a Nueva York, a la sesión inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas, para involucrarse personalmente en la concreción de ese desembolso. Era otra señal negativa, tanto económica como política.

27 de octubre: En la noche del domingo en que Alberto Fernández ganó en las elecciones presidenciales, el gobierno dispuso un endurecimiento de las restricciones cambiarias y se fija el tope de compras para personas humanas en US$ 200 mensuales.

 El Banco Central endurece la política cambiaria con dos restricciones a la compra de moneda extranjera: la primera, un tope de US$ 10.000 mensuales por persona humana; en la segunda la restricción se profundiza cono un límite de US$ 200

5 de diciembre: Se conoce un informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA que afirma que en el tercer trimestre del año la tasa de pobreza alcanzaba el 32,1% de los hogares y 40,8% de los habitantes de la Argentina, los valores más altos de la década. Además, el informe señalaba que 59,5% de los niños y adolescentes del país viven en la pobreza. Los datos se conocieron el mismo día en que el presidente Macri hizo, por cadena nacional, un balance de su gestión, en el cual afirmó que dejaba “un estado en el que sea más difícil robar la plata de los argentinos”

 Un informe de la UCA que señalaba que la pobreza había alcanzado al 40,8% de la población y a 59,5% de los niños y adolescentes se conoció el mismo día en que Macri hizo por cadena nacional un balance de su gestión y afirmó que dejaba “un Estado en el que sea más difícil robar la plata de los argentinos”.

10 de diciembre: Con la asunción presidencial de Fernández, llega un nuevo equipo económico: Martín Guzmán en Economía, Matías Kulfas en Desarrollo Productivo, Luis Basterra en Agricultura, Gabriel Katopodis en Obras Públicas y Mario Meoni en Transporte. Días después se designa a Miguel Pesce como presidente del Banco Central.

13 de diciembre: Se anuncia el reemplazo del esquema de retenciones de sumas fijas en pesos por alícuotas porcentuales. También se dispone la doble indemnización para los despidos del personal contratado antes de ese día. Se acuerda con los gobernadores la suspensión del Consenso Fiscal, con lo que las provincias no tendrán que reducir las alícuotas de Ingresos Brutos en 2020.

23 de diciembre: Se promulga la ley de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Entre las principales medidas, se establece un recargo del 30% para la compra de dólares y las operaciones por tarjeta y otros medios electrónicos; la suspensión de la movilidad jubilatoria compensada con un bono para las jubilaciones mínimas; alícuotas del 20% y 35% en impuestos internos a los automotores; se congelan por 180 días las tarifas de servicios públicos de jurisdicción nacional.

A través de la misma norma, se faculta al Poder Ejecutivo a un nuevo aumento de las retenciones de hasta 3 puntos porcentuales adicionales a los ya dispuestos; se reemplaza la rebaja del IVA por un reintegro a sectores vulnerables; se duplican las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales y se deroga el impuesto a la Renta Financiera para colocaciones en pesos.