La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) informó que promoverá una denuncia penal contra el intendente de Santa Fe y otros funcionarios del gabinete municipal.

Desde Festram aseguran que el intendente José Corral y la Secretaria de Gobierno, Malena Azario, “han incurrido en una defraudación contra la organización sindical al violar sus deberes de funcionarios públicos y malversando fondos pertenecientes a Festram. Según la entidad, los funcionarios cometieron los delitos de estafa y defraudación agravada.

El 26 de agosto, Festran inició un reclamo administrativo contra la Municipalidad de Santa Fe por deuda en concepto de aportes, atento a que desde junio 2019 y hasta la fecha, el municipio dejó de pagar los aportes que ordinariamente venían reteniendo a los trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe y que giraba a esta federación.

“Toma conocimiento esta organización federativa que el motivo de la decisión de la ciudad de Santa Fe de no pagar lo reclamado, obedece a la desafiliación del gremio Asoem a esta Federación; hecho que le fue informado al Ejecutivo local por el sindicato de base aludido”, explicó Festram, en un comunicado.

La decisión de Corral -según la entidad-configura un ilícito penal dado que con su decisión está desoyendo disposiciones del Ministerio de Trabajo y distrayendo los fondos de los trabajadores de la Municipalidad de Santa Fe. “Es mentira que el gremio Asoem se desafilió de Festram. Además de no haber ninguna comunicación de la desafiliación, tampoco se han dado los requisitos legales para tal hecho”, aseguraron desde Festram.

Los directivos del gremio argumentaron que la supuesta desafiliación en la práctica no existe toda vez que los demás entes que tienen trabajadores afiliados al gremio Asoem (Concejo Municipal de Santa Fe, Caja, Municipio de Rincón, Recreo y Comuna de Monte Vera) continúan pagando regularmente, “por tanto el invocar la desafiliación del gremio para no pagar se trata solo de un ardid de Corral”. "Aquí se configura el dolo de la acción del Intendente de Santa Fe, toma una decisión motivándola en una sabida mentira", plantearon desde la federación.

También hay un incumplimiento en sus deberes de funcionario público, de parte del intendente, y a los deberes que como agente de retención le impone la Ley 23.551 en su art.38.

Festram adelanta que es posible que en la investigación surjan más delitos en que ha incurrido Corral con su decisión, u otros funcionarios de su gobierno, pudiendo existir también el delito de falsificación de documentos.

A la fecha, la organización sindical y contraparte de la Intendencia de Santa Fe en la negociación colectiva, según ley 9.996, "ha sido perjudicada en este acto ilegal por un monto en valores históricos de $3.800.000, descontado a los trabajadores y cuyo destino desconocemos".