La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este miércoles la liberación "inmediata" de un exjefe rebelde de las FARC requerido por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, pese a la dura oposición del presidente Iván Duque.

El alto tribunal reconoció el fuero parlamentario de Jesús Santrich, congresista por el partido que surgió del acuerdo de paz con la exguerrilla, y asumió la investigación contra el también exnegociador de paz.

En ese sentido, la corte consideró que es el único juez competente para indagar a Santrich, si bien el exguerrillero nunca pudo ocupar su escaño en el Congreso debido a su captura con fines de extradición.

En este caso "no procede recurso alguno", aseguraron los magistrados, por lo que Santrich, detenido en Bogotá desde abril de 2018, debería salir en las próximas horas del búnker de la fiscalía donde fue trasladado el 19 de mayo.

Sin embargo, la Procuraduría, el organismo que vigila la actuación de los funcionarios en Colombia, pidió al alto tribunal que ordene nuevamente la captura del rebelde, en su condición de parlamentario, para ser "escuchado en indagatoria" por los delitos que le atribuyen.

El presidente Duque, quien llegó al poder con la promesa de modificar el pacto por considerarlo blando con los insurgentes, respaldó la decisión del Ministerio Público.

Además, dijo tener "ilusión y esperanza" de que Santrich recibirá un castigo "ejemplar". "Quiero ser claro y enfático, los mafiosos tienen que estar en la cárcel y tienen que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana", dijo el mandatario en un acto en la capital.

La defensa del excomandante espera que sea liberado antes del mediodía del jueves, según explicó a periodistas el abogado Gustavo Gallardo.
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Libertad fallida

Duque ya se había opuesto a la decisión de la justicia de paz, que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto con las FARC, de ordenar hace dos semanas la liberación de Santrich.

Sin embargo, el 17 de mayo fue recapturado a su salida de prisión por orden de un juez bajo nuevos cargos relacionados con su supuesta intención de enviar cocaína a Estados Unidos tras la firma de la paz en noviembre de 2016.

Entonces, bajo presión de Estados Unidos, Duque se ratificó en su intención de extraditar al rebelde, que comparece ante el tribunal de paz por miles de casos de secuestros atribuidos a la otrora guerrilla comunista.

Santrich, de 52 años y con deficiencia visual, siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y de la fiscalía colombiana.

A raíz de la primera orden de libertad, el entonces fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció a su cargo antes de tener que acatar la decisión de los jueces.
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Júbilo 

Además de provocar un revuelo político y judicial en Colombia, el caso Santrich también ha evidenciado una división en el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

"Estamos muy contentos con esta decisión, nos parece que se restablecen los derechos de Jesús Santrich que habían sido violados", dijo el senador y excomandante guerrillero Carlos Antonio Lozada tras conocer el fallo.

Lozada aseguró que la FARC ya empezó las gestiones para que Santrich, cuyo nombre legal es Seusis Paucias Hernández, asuma "de manera inmediata" el escaño en la Cámara de Representantes (baja) previsto en el pacto de paz.

El histórico acuerdo otorga diez curules en el Congreso para la FARC durante dos periodos de cuatro años.

El exjefe negociador de la exguerrilla, Iván Márquez, tampoco ocupó su escaño alegando falta de garantías por el encarcelamiento de Santrich e incumplimientos estatales.

Desde entonces se desconoce el paradero de Márquez, quien fue el número dos de los rebeldes y considerado de línea dura, y de otros exjefes.

El líder máximo de la exguerrilla, Rodrigo Londoño (Timochenko), marcó distancia con Márquez en una carta pública del 23 de mayo, en la que le reclamó abandonar los compromisos adoptados por la colectividad.

Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.