La Justicia electoral del estado de Minas Gerais abrió ayer una investigación por presunto desvío de fondos públicos a través de "candidatos-fachada" del oficialista Partido Social Liberal (PSL), la agrupación que llevó al poder a Jair Bolsonaro con la promesa de luchar contra la corrupción.

El Ministerio Público Electoral estatal tomó la decisión luego de que el diario Folha de S. Paulo reveló que una candidata a diputada del PSL en las elecciones de octubre último, Zuleide Oliveira, admitió que el entonces presidente del partido en Minas Gerais , Marcelo Alvaro Antonio, actual ministro de Turismo de Bolsonaro, le pidió que se postulara para poder captar más dinero del fondo público electoral hacia la agrupación.

"Yo no entendía nada. Ellos hicieron todo, yo solo les envié mi documento y ellos sacaron el certificado para registrar la candidatura. Creo que fui una 'candidata-fachada' más porque firmé toda la documentación necesaria y no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Fui usada. Mi candidatura fue usada para un esquema de lavado de dinero del partido", dijo Oliveira.

A raíz de la operación Lava Jato, que desde 2014 desentrañó una extensa red de financiamiento ilegal de campañas electorales a través de aportes no declarados de grandes corporaciones, los comicios del año pasado fueron los primeros en los que se prohibieron las donaciones de empresas a los partidos, y se instituyó entonces un fondo público especial para las campañas.

Ya desde el mes pasado había sospechas de que el PSL había presentado varias "candidaturas-fachadas" para poder usar más dinero de ese fondo, cuando en realidad los postulantes nunca hicieron campaña ni obtuvieron gran cantidad de votos. Los primeros casos surgieron en el estado de Pernambuco, y aquellas denuncias provocaron un escándalo que llevó al despido del secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebianno, que había sido presidente nacional del PSL durante las elecciones y coordinador de la campaña de Bolsonaro.

En el caso de Oliveira, ella afirmó que se reunió con Antonio y él le propuso que el partido le daría 60.000 reales (15.000 dólares) para su campaña ficticia y ella luego tendría que devolverles 45.000 reales (11.500 dólares). Sin embargo, como Oliveira tenía una condena judicial que no había revelado, al final su candidatura fue rechazada.

El ministro rechazó las acusaciones de Oliveira y adelantó que entablará una demanda contra ella y contra Folha de S. Paulo. "Ella miente. Tendrá que probar eso ante la Justicia", señaló Antonio.

En Minas Gerais, el Ministerio Público Electoral ya identificó a otras cinco mujeres que también habrían sido usadas como "candidatas-fachada" por el PSL. Hasta el momento, Bolsonaro no se refirió al asunto y desde el gobierno se respaldó al ministro de Turismo.

Proyecto para aplicar sanciones al chavismo
En un intento para aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro -cuyo segundo mandato es considerado ilegítimo por 50 países, incluido Brasil-, el gobierno de Jair Bolsonaro trabaja en la elaboración de un decreto o proyecto de ley que hará automática la aplicación de sanciones, como el bloqueo de bienes de personas físicas y empresas que mantienen relaciones con el régimen venezolano, informó ayer el diario O Globo.

Según fuentes del área diplomática, la medida es necesaria porque la legislación nacional actualmente solo admite medidas punitivas que se deriven de decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la actualidad existen tratados internacionales que permiten, por medio de cooperación jurídica entre países, castigos para casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.