El sin salida político en el que está inmerso Brasil provoca, y provocará, fuertes estragos sociales. El nivel de desempleo llegó a valores que no se conocían desde hace casi dos décadas: en el primer trimestre del año ascendió a 13,1%, de acuerdo con un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publicado este viernes. El dato representa 1,5 millones de personas más que perdieron sus puestos laborales con relación al último período de 2017. Inclusive, resultó superior al que habían estimado las 29 consultoras relevadas por el diario Valor Económico.

Semejante desajuste tiene una explicación: los partidos políticos, los congresistas y el gobierno nacional, tienen puestas sus miradas exclusivamente en los tejes y manejes para las elecciones de octubre. Desde ese lugar, casi no queda espacio para resolver los problemas de la economía, que como se demuestra ahora –y antes también—no funciona en piloto automático. No por casualidad los sectores más afectados son industrias y comercio, seguidos por la construcción. Nada de esto sin embargo parece modificar las conductas del oficialismo: el presidente Michel Temer, patrón del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, aspira todavía a integrar una fórmula de presidenciables.

 

 

Geraldo Alckmin, gobernador renunciante de San Pablo para participar en la campaña presidencial por el PSDB . Bloomberg

Cuenta para eso con la fuerte representación del PMDB en el parlamento, que le asegura dinero más que suficiente para la campaña y tiempo de televisión. Hace dos días transmitió al círculo de Geraldo Alckmin, candidato por la socialdemocracia –y que a principios de mes dejó el gobierno paulista--, que su agrupación no daría gratis el apoyo. Para disimular que aspiran a un trueque, los representantes de Temer dijeron que el mandatario “aspira a un reconocimiento de las realizaciones de sus dos años de gobierno”. Dicho con simpleza, el grupo en el poder pretende candidaturas ( a vicepresidente, ministro o a senador) capaz de asegurarle la inmunidad que dan estos cargos ante la justicia.

A Temer no le faltan razones para tener miedo por su futuro. El diario Folha de Sao Paulo publicó este viernes una serie de denuncias contra el jefe de Estado. Habla de varias propiedades compradas o reformadas para lavar dinero de coimas; algunas de ellas, inclusive, a nombre de terceros. Según Folha, la policía federal que investiga el caso sospecha que el abogado José Yunes y el coronel retirado Joao Baptista Lima, amigos íntimos del jefe del Planalto, son algunos de sus testaferros.

 

El presidente reaccionó rápido. Fue después de una reunión con su colega chileno Sebastián Piñera en Brasilia. Preguntado por la prensa, respondió: “Yo no puedo salir de la Presidencia, no sé cuándo, para cargar la pecha de irresponsable”. En su declaración sostuvo: “Voy a sugerir al ministro de Seguridad Pública Roberto Jungmann que investigue si hubo filtraciones irresponsables de información. Porque estoy seguro que no es la prensa la que va a la policía a escondidas para examinar los informes. Alguien provee de datos y cuando llega a la prensa, naturalmente esta los divulga”. El mes pasado la Corte Suprema quebró el secreto bancario y fiscal del gobernante, para encontrar pruebas de un supuesto sistema de coimas que habría beneficiado a Temer a partir de concesiones a empresas portuarias que operan en Santos (San Pablo).

 

En un primer momento, Temer prometió la mayor transparencia informativa de sus cuentas. Pero luego se arrepintió y ahora sostiene: “Ordené al director general de la policía federal que inmediatamente averigüe como se filtraron las informaciones que tenían que ver con el proceso instaurado por la policía”. Argumentó, por añadidura, que “en un Estado democrático no es admisible comprometer el legítimo derecho a la defensa y la presunción de inocencia para cualquier ciudadano y el presidente de la República”.

Nada dijo, sin embargo, de la situación del ex presidente Lula da Silva que tiene el mismo reclamo pero que por orden del juez de primera instancia Sergio Moro está preso desde el 7 de abril pasado. Ayer, la propia policía federal realizó, en Curitiba –el reinado de Moro—un acuerdo con el ex ministro de Hacienda Antonio Palocci para canjear su libertad por delaciones. De acuerdo con el diario O Globo, el ex funcionario tendría basta información sobre casos de corrupción en los gobierno de Lula y de Dilma Rousseff. Ocurre que el avance de la delación premiada depende de una autorización de la Corte Suprema que la tratará no antes de 15 días.