Las agencias humanitarias de Naciones Unidas buscan hoy un financiamiento de 263 millones de dólares para paliar la crisis en Mali, mientras aumenta la inseguridad alimentaria en ese país africano.

Según la coordinadora humanitaria de Mali, Mbaranga Gasarabwe, alrededor de 5,1 millones de personas -lo cual representa a más del 27 por ciento de la población del territorio- viven en áreas afectadas por la inseguridad.

Desde 2017, el número de niños con desnutrición aguda se incrementó en más del 10 por ciento.

En tanto, la inseguridad alimentaria afecta a más de uno de cada cinco malienses y los expone a un estado de salud muy peligroso, añadió.

Según alertó Gasarabwe, cuatro millones de personas en las regiones del norte pronto estarán imposibilitados de satisfacer sus necesidades básicas por sí mismas.

Además, detalló, en los últimos meses las escuelas han seguido cerrando a un ritmo constante, de 297 en 2016 a 500 al comienzo del año escolar 2017-2018.

El Plan de Respuesta Humanitaria tiene como objetivo proporcionar asistencia a los más vulnerables al fortalecer el acceso a servicios básicos, mejorar los medios de vida y la preparación ante emergencias.

Lo primero será mejorar la respuesta de emergencia, al tiempo que se trabaja con los actores locales del desarrollo y sin perder de vista el contexto político cambiante, recalcó Gasarabwe.

Pero al complejo escenario político se yuxtapone la vulnerabilidad del territorio a los peligros naturales pues ya los efectos del cambio climático son perceptibles.

Todos estos factores promueven la inseguridad alimentaria y nutricional y causan el desplazamiento forzado de grandes poblaciones con el riesgo de tensiones en la comunidad y la pérdida de la escolaridad de los niños, de acuerdo con la coordinadora humanitaria.

Las agencias de ONU pretenden destinar los recursos financieros para cubrir las necesidades nutricionales, de agua, higiene y servicios básicos de salud y educación.

En Mali, la situación política es muy inestable desde el golpe de Estado de 2012. Aunque en junio de 2015, el Gobierno y varios grupos rebeldes firmaron un acuerdo de paz y de reconciliación nacional, todavía algunos territorios siguen bajo el control de agrupaciones tuaregs.