Por Sergio Federovisky

El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.

 El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas

Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.

El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.

Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.

Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?