Será la primera vez en que un adulto deberá responder por la acción de una

persona a cargo, tras la decisión ayer del gobierno bonaerense de promover

una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos

menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a

las escuelas, que sumaron 2.400 en poco más de un mes.

“Las amenazas de bomba no se pueden prevenir, pero cada vez que sucede

estamos ahí, en las escuelas, para preservar la vida de los chicos y los

docentes”, dijeron fuentes oficiales en diálogo con Télam, acerca de la

decisión del gobierno que lidera María Eugenia Vidal de demandar ante la

Justicia a los tutores de quienes realicen las intimidaciones.

La citación se concretó cuando policías bonaerenses allanaron una casa de

la localidad de Ituzaingó, a partir de la investigación de una denuncia

hecha el 15 de septiembre pasado, por una supuesta bomba colocada en la

Escuela Nº 19 de Morón.

Por la investigación, los efectivos localizaron a dos chicas que realizaron

la llamada desde el teléfono de una de ellas, en la casa que comparten con

su madre.

"Hubo un allanamiento en Ituzaingó al domicilio desde el que había partido

la llamada al 911 por amenaza de bomba", y una mujer mayor y su hija fueron

citadas a concurrir el lunes a la fiscalía, afirmó la fuente.