El 8 de agosto del 2014, un procedimiento de la Brigada Operativa de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la capital provincial detuvo en la ruta nacional 168, frente al hipermercado Walmart, a tres personas que circulaban a bordo de una Toyota Hilux. Eran Hugo Orlando Martínez, Lucía Viviana Alcaraz, ambos pareja, y Ángel Gabriel Romero, tres formoseños que sembraron cierta sospecha en los pesquisas de la DGPyCA. Es que debajo del asiento trasero llevaban dos bolsas de nailon blanco con $200.000, un revólver y varias municiones.

También se detectó que la camioneta tenía colocadas dos chapas patentes –FKL-233– que pertenecían a otro vehículo y que las correspondientes estaban en el asiento trasero. ¿Qué tramaban?

Aquel suceso fue el primer traspié que tuvo la pareja formoseña. Meses después su actividad ilícita quedó evidenciada en el lugar más recóndito de la provincia de Santa Fe: la localidad de Intiyaco, en el departamento General Obligado.

La fuga

El 23 de noviembre de ese mismo año, Martínez, que iba en la misma Hilux, intentó evadir un control de Los Pumas en la ruta provincial Nº 3. No iba solo, sino que lo que acompañaba Aníbal Matías Segobia, también formoseño. La evasión se produjo porque los efectivos verdes intentaron chequear un Chevrolet Corsa que iba adelante de ellos –-se presume que bajo la modalidad "barredora".

Martínez empleó una brusca maniobra en U y se puso en clara evidencia. A muy alta velocidad pegó la vuelta en sentido norte y condujo unos 12 kilómetros. Mientras era seguido intensamente por la guardia rural, descartó en una alcantarilla la droga y seguidamente Segobia se bajó del vehículo y se internó en el monte.

Después de 45 kilómetros Martínez dejó estacionada la Hilux al costado de la ruta –en sentido sur–, del lado oeste. La alarma se activó en la región. Había dos prófugos metidos en los campos.

Al hallazgo de la camioneta, también se sumó el del Chevrolet Corsa, el cual también fue encontrado a 800 metros de la alcantarilla donde Martínez había arrojado cuatro bolsas de arpillera con los estupefacientes que fueron incautados –un total de 148 panes de marihuana con un peso de 126 kilos.

Por su parte, el paradero de Martínez y Segobia, que para ese momento no habían sido identificados, era un misterio aunque se sospechaba que andaban por la zona. Un día después y como consecuencia de rastrillajes fueron encontrados escondidos entre las malezas con las botamangas de sus pantalones mojadas y con mucho barro.

Ambos fueron detenidos y luego procesados con prisión preventiva por la Justicia federal de Reconquista. Martínez fue alojado en la Alcaidía de Vera, mientras que Segobia fue trasladado hacia la cárcel de Las Flores en Santa Fe.

La pesquisa no culminó allí sino que después de meses de análisis de los hechos, se determinó que los dos vehículos secuestrados eran propiedad de Lucía Viviana Alcaraz, la pareja de Martínez y quien iba a bordo de la Hilux cuando fue detenida en Santa Fe. La mujer no pasó inadvertida en la investigación ya que terminó con arresto domiciliario en su casa de barrio Lourdes de Formosa capital. Para la Justicia "era evidente su apoyo" para el transporte ilegal de drogas a través de los autos que se encontraban a su nombre.

Tres años después

El caso llegó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe y el pasado martes fueron juzgados ante los jueces María Ivón Vella –presidenta–, José María Escobar Cello y Luciano Lauría; por el fiscal general, Martín Suárez Faisal, por el delito de transporte de estupefacientes.

Si bien los imputados negaron, en todo momento, los hechos que se le atribuyeron ya que indicaron que se encontraban allí –al momento de su detención– por cuestiones comerciales vinculadas a la ganadería, la Justicia nunca creyó esa versión.

Para los funcionarios fue más que evidente la maniobra ilícita que tenían los formoseños y los claros intereses que presentaban aquella tarde en Intiyaco. A su vez, el agravante de Santa Fe, cuando fueron descubiertos con otra patente, generó aún más evidencia de su rol ilícito.

Por tal sentido, la Fiscalía solicitó nueve años de prisión para los tres imputados pero el tribunal bajó la pena y dictó una sentencia por siete tras ser declarados culpables del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.