La decisión se da en el marco de la investigación que se le sigue por tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por haberse cometido con la concurrencia de tres o más personas organizadas a tal fin y por su condición de funcionario policial. 

 

De tal modo, se convalidaron las decisiones de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que habían denegado su excarcelación y confirmado la prórroga de su prisión preventiva.

 

El 27 de octubre de 2015, el tribunal Oral Federal resolvió condenarlo  a 6 años de prisión y al pago de 40 mil pesos por considerarlo autor de la coacción, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por tráfico de estupefacientes.