En el marco de la reunión que mantuvo el pasado miércoles el Consejo de Usuarios y Consumidores, el concejal Franco Ponce de León, concejal (CC-ARI-FPCyS) presentó un Proyecto de Ordenanza para permitir a usuarios y consumidores la anotación, registro fotográfico, lectura del código QR y/o cualquier otro dispositivo, de los precios exhibidos en cualquier tipo de comercios, de los productos y/o servicios que ofrecen.

Al respecto Ponce de León recordó que los usuarios y consumidores a través de la ley nacional de defensa del consumidor 24.240 cuentan con la facultad de acceder a información, veraz, detallada, cierta y objetiva.

"Esta iniciativa permitirá que cualquier usuario y consumidor pueda tomar nota ya sea de forma manual, a través de una fotografía o de cualquier otro soporte electrónico de los precios, características de los productos y de los servicios", sostuvo el autor del proyecto de ordenanza.
De esta manera podrá comparar en principio los precios y optar por realizar la operatoria en donde considere conveniente y al mismo tiempo tendrá una noción de las variaciones de precios en los productos.

Ponce de León destacó que esta iniciativa ya está funcionando en la ciudad de Rosario, impulsada por el concejal Carlos Comi. "También esta medida se planteó porque ha sucedido en algunas oportunidades que en algunos establecimientos comerciales no se ha permitido o dejado que usuarios puedan tomar nota de los precios y características de los productos en mano", explicó el edil.
Este proyecto de ordenanza, que ingresó al Concejo, busca otorgar un marco normativo para que no se den más ese tipo de restricciones. Por esto plantea que pueda haber sanciones monetarias que van de 50 a 200 UF (entre 880 a 3.500 pesos).

En relación a la forma de funcionamiento, la implementación estará a cargo de la Dirección de Derechos Ciudadanos, mientras que las sanciones, en caso de que exista infracción o penalidad , será responsabilidad de la Secretaría de Control.

Esta nueva ordenanza brindaría a la Municipalidad una potestad de sancionar a los comercios, que hasta el momento solo recaía en la órbita de la Dirección de Comercio Interior de la provincia. "Muchas veces no se tiene la potestad o facultad de generar sanción ante el incumplimiento, lo que se plantea a través del artículo 3 de la ordenanza una vez que se sancione", explicó el consultado.
Entre las instituciones que integran el Consejo de Protección de Consumidores y Usuarios de Santa Fe se cuentan asociaciones de derechos del consumidor, representantes del Concejo Municipal, del Ejecutivo municipal, la Universidad Nacional del Litoral, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados y la Dirección de Comercio Interior de la Provincia.

Al respecto, Ponce de León aseguró que la presentación de la normativa fue aceptada por unanimidad por todos los participantes, quienes no tardaron en brindar iniciativas tendientes a enriquecer la medida y de esta manera fortalecer los derechos de los usuarios y consumidores de la ciudad.
La ONG Usuarios y Consumidores Unidos filial Santa Fe, fue una de las instituciones que se hizo presente en la presentación de esa norma. "Siempre recibimos con buena cara todo lo que sea proyectos que busquen proteger al consumidor que siempre es la parte más vulnerable en la relación de consumo", manifestó Gregorio Arias, abogado y representante de la organización.

En ese sentido desde la entidad se observó y analizó de forma positiva el hecho de que la elaboración del proyecto haya tenido como base para su elaboración tanto la ley de lealtad comercial como de la defensa de la competencia así como la norma nacional 24.240 de defensa del consumidor.
A partir de la sanción de esta norma Arias sostuvo que se podrá eliminar la resistencia en los locales a que las personas registren los precios. "Generalmente lo que pasaba era que a la hora de acercarse a un comercio y tomar el celular para sacar una foto o si te veían tomando el precio, los empleados eran muy reacios a esto y no lo permitían", relató el referente de la ONG.

Sin embargo, el representante de UCU hizo especial hincapié en la posibilidad de sancionar a los locales que restrinjan esta libertad. "Esto es esencial para que la norma se cumpla y más específicamente en lo que es la ley de defensa del consumidor que es la única herramienta que tenemos para que los comerciantes acaten la norma", afirmó el abogado.
Precios no tan transparentes en los comercios

Desde Usuarios y Consumidores Unidos destacaron que a diario reciben denuncias en torno a la implementación de Precios Transparentes. "Recibimos denuncias por la aplicación entre las diferencias y la falta de buena predisposición de las empresas principalmente las grandes cadenas de electrodomésticos", sostuvo Arias.

La iniciativa que fue lanzada por el Gobierno Nacional desde el 1 de febrero busca transparentar los costos de los productos y diferenciar en torno al pago de contado en una sola cuota, débito y el costo financiero en caso de que la operatoria se realice con tarjeta de crédito. Las especificaciones de la normativa son claras y los comercios deben exponer los distintos precios en distintos tamaños, letras y colores, etcétera. "En ese aspecto sí estamos recibiendo denuncias, de que la gente les informa a los comerciantes que diferencien y estos no lo hacen", relató el referente de la organización.