Los demorados fueron cuatro mujeres y tres hombres que son en su totalidad militantes del gremio ATE en la zona Sur de la provincia de Neuquén; todos corren riesgos de enfrentarse a cargos por delitos contra la seguridad nacional, en cuyo caso la investigación pasaría al fuero federal.

 

La retención de los militantes formó parte de un allanamiento en una cabaña donde se habrían alojado los responsables de la manifestación en contra de Macri durante el trayecto del presidente entre el helipuerto de Villa Traful hasta el Centro de Interpretación e Información Turística.

 

El allanamiento se produjo tres horas después de la agresión a piedras, que finalizó con uno de los vidrios de la camioneta Sprinter roto. Además, los efectivos policiales participantes del operativo secuestraron una moto y dos autos, un Peugeot 2008 negro y un VW Gol Power verde con el fin de requisar los elementos vinculados a la agresión. También se secuestraron mochilas, pancartas y distintivos con la insignia de la agrupación gremial.

 

Hasta las últimas horas del miércoles, la investigación continuó a cargo del fiscal Adrián De Lillo. Sin embargo, de acuerdo al código procesal de Neuquén, el letrado no contaría con las herramientas suficientes como para ordenar la detención preventiva de los arrestados.

 

"Nosotros no pudimos identificar quiénes fueron los agresores de la camioneta del presidente. Nosotros mantenemos firme nuestra postura respecto al reclamo que realizamos en la protesta pero condenamos cualquier tipo de violencia. No nos vamos a hacer cargo de esos piedrazos. Queremos que se esclarezca esta situación, así como le pedimos al fiscal de la investigación quién dio la orden de la represión a los 40 compañeros que protestaron", afirmó Carlos Quintriqueo a Radio Continental.