La insólita situación, que se encuentra inmersa en una profunda investigación, se dio a partir de una pesquisa que tiene varios meses, en la que interviene el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. El lunes pasado varios hombres fueron sorprendidos en lanchas en las que transportaban unos 40 kilos de marihuana en la ciudad costera del norte santafesino.

 

Fuentes de la investigación señalaron que de acuerdo a escuchas telefónicas realizadas en tiempo real -es decir transcriptas directamente mientras se producían los llamados- permitieron saber que los abastecedores de los pasadores de la droga descubierta en la lancha tenían domicilio en Goya.

 

El juez federal Alurralde emitió entonces un exhorto hacia su colega de Corrientes Carlos Soto Dávila para que habilitara los allanamientos en Goya, ciudad situada frente a Reconquista, del otro lado del río Paraná. Hacia allí concurrieron policías de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe al mando de su jefe, comisario mayor José Moyano, a fin de concretar los procedimientos en los domicilios de los sindicados como proveedores.

 

El hecho de que los policías santafesinos intervinieran en lo que jurídicamente se denomina extraña jurisdicción sin la presunta habilitación del juez federal correntino provocó una crisis mayúscula al trascender que se estaban realizando los allanamientos.

 

La tensión llegó hasta el mismo despacho del gobernador Ricardo Colombi que pidió a sus funcionarios del área de Seguridad Pública que impidieran los allanamientos, a los que consideró una intromisión no autorizada por la autoridad judicial con competencia en Corrientes, la jueza Graciela Elizabeth Ferreyra.

 

Según fuentes de la Casa Gris, Colombi requirió que se liberara a los dos testigos del procedimiento que los policías santafesinos llevaron desde la capital correntina hacia Goya, lo que en esa provincia consideraron una privación ilegítima de la libertad.

 

Las autoridades santafesinas señalaron estar actuando sujetas a derecho y por orden emanada de un juez federal. Fue así que Moyano, jefe del operativo, dijo que los testigos no estaban detenidos sino que actuaban merced a una carga pública de imposición legal, y que interrumpir la tarea que cumplían significaría el fracaso del operativo.

 

Frente a esa respuesta una jueza provincial ordenó la detención del jefe de la policía santafesina que encabezaba los allanamientos.

 

En una discusión por momentos acalorada el gobernador Colombi le reprochó a un ministro santafesino que se hubieran trasladado 150 kilómetros a los testigos y que se interviniera en el territorio de otra provincia sin aviso previo a las autoridades competentes. Según el gobierno santafesino con autorización judicial de por medio no es imperioso notificar a la autoridad local de una acción operativa en curso.