El defensor general de la provincia suspendido por la Legislatura, Gabriel Ganón, presentó un "pedido urgente de cautelar" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante lo que consideró un "proceso arbitrario e injusto" en su contra. La presentación adjunta el apoyo de numerosos organismos y de familiares de víctimas, entre ellos de Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar.

Frente a la suspensión hasta la finalización de su mandato -en abril próximo- que resolvió el plenario de sesiones ordinarias, Ganón reclamó a la CIDH la urgencia y la afectación de sus derechos (habla de una "muerte civil" porque sigue siendo empleado pero no puede ejercer).

Pero también apuntó al "desamparo total" en el que quedan las víctimas de violencia institucional o sus familias en procesos actuales, que están en diferentes instancias de trámites. Por eso, el pedido de cautelar urgente a la corte internacional fue acompañado por, entre otros, Ramón Casco, padre de Franco, o Luciana Escobar, hermana de Gerardo. En ambos casos crímenes quedaron acusados policías provinciales por distintos niveles de participación.


Se sumaron además numerosas organizaciones de derechos humanos: desde el Cels a Adolfo Pérez Esquivel, o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, Hijos, Madres y Abuelas, entre muchos otros.

"El mandato del Defensor no se extingue"

El texto enviado señala que la Legislatura "removió de manera encubierta, bajo el ropaje de la inexistente sanción de suspensión de funciones con prohibición de ingresos a sus oficinas" a Ganón.

"La decisión de la Legislatura provincial constituye la culminación de un proceso constante de hostigamiento que comenzó casi al inicio de su mandato como defensor", añade y señala "la decisión de remoción encubierta/ suspensión constituye una represalia clara por el compromiso del Sr. Ganón y su equipo en la defensa local e internacional de los derechos humanos".

"Asimismo, denunciamos que el proceso de remoción violentó todos los estándares del debido proceso legal. Además, señalamos que la sanción tiene consecuencias de carácter permanente porque hasta tanto no se designe un nuevo Defensor Provincial, el mandato del Defensor no se extingue", continúa el escrito.

De hecho, en la semana Ganón anunció que seguirá en su cargo hasta que la Corte Suprema provincial se expida y el senador Lisandro Enrico, quien lo acusó en el proceso de sanción, dijo que la Policía debería impedirle la entrada a la oficina.

"Resulta doblemente grave la aplicación de dicha sanción ya que la misma resulta equiparable a una "muerte civil", debido a que no solo lo suspende en sus funciones sine die, sino que al conservarlo como empleado judicial le obstaculiza realizar cualquier profesión, comercio y/o industria lícita", agrega

El texto concluye con las "medidas solicitadas" a la CIDH: en primer lugar "solicitar al Estado Argentino en calidad de medida cautelar que se revierta a la brevedad posible la sanción impuesta suspendiendo todos sus efectos y se lo reincorpore en sus funciones públicas dando por finalizados todos los actos de persecución y hostigamiento" y por otro lado permitir a Ganón representar a las víctimas de delitos.