La investigación se denominó Operación Ángel Guardián y fue coordinada por la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El trabajo contó con la intervención de fiscales de las procuraciones generales y ministerios públicos provinciales que integran la denominada RED 24/7, la cual cuenta con un protocolo de intervención urgente para casos de pornografía infantil en Internet.

 

Los fiscales del MPA que intervinieron fueron Estanislao Giavedoni de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Nº 2 de Santa Fe, y Matías Ocariz, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales de Rosario. Además, participaron fiscales de otras 10 provincias y de la CABA.

 

En territorio santafesino, el trabajo del MPA fue coordinado con los equipos interdisciplinarios de la dirección especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas y la Policía de Investigaciones (PDI)

 

Modalidad

“Mediante la utilización de al menos 18 perfiles falsos, este adulto captaba niñas de entre 13 y 16 años, a quienes les solicitaba la remisión de imágenes en distintas poses y con características sexuales”, detalló el fiscal Estanislao Giavedoni por LT10. 

 

También precisó que “el hombre logró obtener un total de 1.151 imágenes fotográficas y 101 videos de las víctimas. Tanto las fotos como las filmaciones analizadas parecían seguir requerimientos específicos del 'pedido' de un tercero, ya que se pudo corroborar que comparten un mismo denominador y patrón a pesar de las diversas edades, particularidades físicas y lugar de residencia de las víctimas”. 

 

Giavedoni aclaró que “las víctimas no son responsables en esta distribución de imágenes de pornografía infantil, no sólo porque son menores de edad, sino también porque habría factores externos que condicionaron su voluntad en el envío de las imágenes y videos”.

 

“De la investigación se desprende que había dos grupos de víctimas: las que enviaban imágenes una sola vez, y ante un nuevo pedido del groomer lo bloqueaban. Y las víctimas que entablaban una suerte de 'relación' con el sospechoso y le remitían fotos y videos que incluso superaban las solicitudes”, precisó el fiscal.

 

Giavedoni también detalló que “con las menores que bloqueaban al acosador, inmediatamente se contactaban otros dos o tres perfiles falsos –denominados “perfiles satélites”– que adoptaban distintas estrategias. Algunos se hacían pasar por víctimas del mismo sospechoso, otros les decían a las menores que le contarían a su madre o a sus amigas, y hasta las amenazaban de muerte”.

 

De los 90 casos identificados, 22 fueron en la provincia de Santa Fe, “distribuidos en las distintas oficinas fiscales del MPA”, que actuaron con la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y la Policía de Investigaciones. 

 

“Una vez que se detectó y corroboró quién era la persona que cometía el delito, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la CABA solicitó colaboración a la ONG internacional National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y a Facebook para que brindasen precisiones de los perfiles del groomer”, agregó el fiscal santafesino. En tal sentido, detalló que “tanto Facebook como NCMEC pudieron identificar los patrones solicitados y remitieron más de cien reportes con imágenes fotográficas y videos de menores que coincidían con el perfil del abusador”.

 

El funcionario del MPA también informó que “todas las víctimas reconocieron haber sufrido el ciberacoso sexual, realizaron la correspondiente declaración conforme a la normativa procesal de cada jurisdicción”. También señaló que “a cada una de las menores se les ofreció protección y se realizó el resguardo de la prueba digital contenida en sus dispositivos tecnológicos que servirán de prueba en un futuro juicio”.

 

Por último, Giavedoni destacó que “la Operación Ángel Guardián fue inédita en el país. En cada provincia, participaron los fiscales de los ministerios públicos locales, quienes actuaron coordinadamente superando los límites jurisdiccionales y las diferencias de sistemas procesales”.

 

El grooming es un delito que se lleva a cabo a través de internet. El victimario es un adulto que contacta a niños, niñas y adolescentes por la web con fines de abuso sexual. En tal sentido, el artículo 131 del Código Penal argentino establece que “será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

 

El acusado está siendo buscado internacionalmente, vía una carta de detención de Interpol. 

 

La Fiscalía de la CABA también detectó otras víctimas que residen en Uruguay, México, Colombia y Perú y que estarían vinculadas al mismo pedófilo. A través de la cooperación prestada por la agregaduría del Homeland Security Investigations (HSI) con asiento en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, se contactó a las autoridades extranjeras correspondientes para brindarles información acerca de las víctimas detectadas en sus países.