Las empresas proveedoras de agua y energía eléctrica convocaron a audiencias públicas para revisión de tarifas. Piden un 34% y más de 70% respectivamente. Al respecto Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo aseguró que desde el organismo se “viene siguiendo de cerca todas las propuestas de modificaciones tarifarias y, centralmente, nos estamos guiando por los principios que sentó la Corte Suprema Nacional”.

“Proporcionalidad” y “progresividad” son los dos conceptos que defienden y buscan implementar desde la Defensoría del Pueblo a fin de que los aumentos guarden relación con los sueldos de los consumidores y que no se busque recuperar en un corto tiempo un déficit añoso.

“Creemos que en materia de lo que son los mayores costos de las empresas: los salarios, los insumos, las energías que se usan; evidentemente, tienen que estar lo más próximos a los ingresos de los trabajadores y al costo de la vida oficial”, sostuvo Lamberto. Además, se mostró empático con los déficits empresarios y sostuvo que es un deseo compartido que las empresas recuperen sus economías y perduren en el tiempo; no obstante, reconoció que esto último no puede ser logrado a costa del detrimento de los ciudadanos.