La jueza Mónica Lamperti ordenó que el contador Jorge Oneto siga en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, en el marco de la megacausa. Restaba saber la situación de Jonathan Zárate, supuesto prestanombre. Este viernes, la Fiscalía aportó datos de supuestas cuentas offshore con fondos millonarios y denunció la desaparición de un legajo clave del Registro de la Propiedad. Por su parte, todas las partes acordaron que la audiencia donde la provincia se constituirá en querellante se postergó para nueva fecha a fijar.

Según consignó en el programa De 12 a 14 (de El Tres), el periodista Daniel Amoroso, desde Tribunales, la Fiscalía planteó que se le descubrieron al agente bursátil Jorge Oneto cuentas offshore en paraísos fiscales, una con 4 millones y medio de dólares y otra con más de 800 mil dólares.

Además, el fiscal Sebastián Narvaja afirmó que “gran parte” del legajo del campo de Villa Amelia propiedad de la viuda de un ex camarista, una de las seis maniobras defraudatorias bajo pesquisa, desapareció del Registro de la Propiedad.

En dos audiencias se debía definir la situación de Oneto y Jonathan Zárate, cuyas prisiones preventivas vencen este mismo viernes. En la primera, donde se definía la situación del contador, la Fiscalía pidió que siga en prisión. La jueza Lamperti ordenó que el agente bursatil siga en prisión hasta el 12 de diciembre, fecha en la que se revisará la situación de todos los involucrados en la megacausa.

En tanto, la defensa de Oneto planteó que todo lo que presentó la Fiscalía es ficción.

Los dos platos fuertes que llevó la Fiscalía fueron el dato de las cuentas offshore de Oneto y la denuncia de lo ocurrido en el Registro de la Propiedad, donde se había abierto una administración administrativa luego de que trascendieran escuchas donde dos acusados mencionaban a una empleada de la mesa de entradas.

Mientras tanto, habrá este viernes una segunda audiencia en la que se analizará el pedido de la provincia para ser querellante en la causa abierta a partir de la supuesta apropiación ilícita de inmuebles por parte de un grupo de empresarios y profesionales.

La provincia expondrá en la audiencia sus argumentos en ese sentido y luego la magistrada tiene un plazo de cinco días para resolver.