La Justicia Federal archivó una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, que afectó a un defensor público de la provincia, el cual fue sobreseído por inexistencia de delito, informaron fuentes del Poder Judicial. La resolución que implicó el sobreseimiento para el abogado que se desempeña en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, fue dictada este miércoles por el juez federal N° 2, Francisco Miño, luego de que una prueba de laboratorio determinara que el material secuestrado no era cocaína, ni ninguna otra droga.

El caso se inició la mañana del 5 de octubre, cuando un abogado del Sppdp ingresó a la cárcel de Coronda con una mochila de un interno al que debía entrevistar esa jornada. El artículo había sido retirado horas antes del Ministerio Público de la Acusación, donde estaba en calidad de “efecto secuestrado” y pretendía ser devuelto a su dueño que estaba tras las rejas.
Sin embargo, previo a su ingreso, el defensor puso en conocimiento a los guardiacárceles del destino de la mochila y que por lo tanto debía ser revisada. Así fue que en circunstancias que el personal requisaba la mochila, sospecharon de la existencia de una sustancia ilícita.

Laboratorio

Al lugar fueron convocados peritos de la Dirección General de Control y Prevención de Adicciones de la provincia, que tomaron las muestras que luego fueron examinadas en el laboratorio. Dos semanas después el resultado de dicho análisis arrojó que no se trataba de una sustancia prohibida, y muchos menos cocaína como se dijo en ese entonces.

Ante la inexistencia de delito el juez Miño determinó archivar la causa y por ende sobreseer al abogado público, que desde un primer momento contó con el apoyo de sus pares y superiores ante el hecho desafortunado.

La confusión surgida entonces fue abonada por el director del Servicio Penitenciario provincial, Pablo Cococcioni, quien aventuró que los guardias “hallaron en su interior (de la mochila) los dos capuchones con esa sustancia blanca, que aparentemente era cocaína”.

Esa declaración fue confrontada al día siguiente por el defensor general, Gabriel Ganón, quien cargó contra el funcionario provincial diciendo que “el secretario de Asuntos Penitenciarios tampoco tiene muy claro al relatar cómo ocurrieron las cosas, si la sustancia que se le encontró a este defensor público era cocaína y si estaba en condiciones de ser consumida”.

Comunicado

Por otra parte, en un comunicado oficial difundido por el Servicio Público de la Defensa, las autoridades criticaron “la falta de información con la que se manejaron muchos medios de comunicación que incluso con total tergiversación de lo ocurrido juzgaron y condenaron al mencionado funcionario”.

El comunicado explicita que “en el interior de la mochila se encontraron dos trocitos de papel semiabiertos (no tubos, ni envoltorios plásticos) con un polvo blanco, del que no se tenía ninguna clase de sospecha, ya que dicha mochila fue secuestrada por personal policial y remitida a la Fiscalía y entregada por ésta al Defensor”. En tal sentido cabe mencionar que dichos papeles eran nada menos que dos boletos de colectivos y no papeles comúnmente utilizados para armar los denominados porros.

Una vez más el órgano oficial denunció que “la tergiversación producida generó gran perjuicio psíquico y emocional a nivel no sólo del profesional actuante, sino también de su contexto familiar, como así un ilegítimo manto de sospecha sobre la actividad de los Defensores Públicos”.