La titular de la CNM encabezó la delegación nacional ante la Cedaw, un tratado internacional aprobado en 1979 por la Asamblea General de la ONU y ratificado en el país en 1985 por la ley 23179, y abordó temas como el acceso a la salud sexual y reproductiva, trata de personas, avances en materia de paridad y acceso a la justicia, derechos de las mujeres indígenas y rurales y mujeres trans.

 

En ese sentido, el organismo internacional felicitó al Estado argentino por los avances en materia legislativa y celebró la adopción del Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

 

"Con un presupuesto preliminar de 750 millones de pesos (aproximadamente 50 millones de dólares) para sus primeros tres años de ejecución, el Plan representa un compromiso inédito en materia de inversión pública para la promoción integral de los derechos y pone de manifiesto que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una política de Estado en Argentina", señaló Túñez.

 

Al ser consultada por el Comité respecto del movimiento #NiUnaMenos, cuya primera marcha se realizó en la Argentina en junio de 2015 bajo la consigna "basta de femicidios", la funcionaria explicó que "si bien se inició en las redes sociales, en la actualidad forma parte del acervo cultural de toda la sociedad".

 

"Varias de las medidas que reclamábamos en esa primera marcha se cumplieron en estos diez meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri", afirmó Túñez.

 

Asimismo, María Aurora García, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, anunció que la Argentina implementará un registro de femicidios y travesticidios, "otro de los logros que cumple con las demandas de la primera marcha de #NiUnaMenos", afirmó.

 

La delegación argentina también destacó los "aportes a la capacitación en programas como 'Ellas Hacen' -que busca que mujeres en situación de vulnerabilidad terminen sus estudios o se formen en oficios- como forma de achicar la brecha entre las realidades de los diferentes puntos del país".

 

No obstante, Túñez reconoció que el país tiene "una deuda pendiente" con respecto a las estadísticas: "Tenemos un déficit que viene de años atrás y que en estos diez meses de gestión estamos trabajando para revertir", sostuvo.

 

Consultada sobre los índices de mortalidad materna, la delegación argentina reconoció que "sigue siendo elevada como consecuencia de la interrupción de los embarazos no planificados", por lo que varios integrantes del comité de la Convención cuestionaron "la falta de acceso en el país al aborto no punible".

 

Desde ese comité también se le preguntó a la delegación argentina sobre las implicancias de la ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI), que establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir esa formación en establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.

 

"La Argentina es un país federal. Hay algunas provincias donde la aplicación de la ley es más fácil y concreta y otras donde resulta más complicado", explicó Túñez.

 

Y completó: "Aceptamos el desafío de seguir cumpliendo con todos los compromisos sostenidos por el país".

 

La delegación argentina presentó así el séptimo informe desde su adhesión al tratado internacional, ocasión en la que se evalúa lo hecho en materia de políticas públicas en los últimos seis años.

 

El Comité puede hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. Se espera que el informe general de la auditoría esté listo para el 21 de noviembre.