La iniciativa no tuvo el visto bueno dentro de las propias fuerzas que integran la alianza Cambiemos y desde la Coalición Cívica ARI cuestionaron abiertamente las negociaciones.

 

El comunicado indica que “el objetivo de la política de Estado de nuestro país no se alcanzará por medio de un esquema de cooperación en el que el gobierno británico sólo entiende la negociación como una imposición de sus condiciones”.

 

La postura cayó como una bomba dentro de las líneas intermedias y altas del Gobierno por la postura pública que tomó uno de los sectores fundamentales de la alianza. “Ante futuras medidas conjuntas a llevarse a cabo por los gobiernos de ambos países en materia de pesca, hidrocarburos, navegación, vuelos adicionales a las Islas Malvinas y cooperación científica bilateral en aguas subantárticas, en el que se soslaya la cuestión de la soberanía, de acuerdo a lo resuelto por los vicecancilleres de la Argentina y Gran Bretaña, destacamos la incompatibilidad de estas medidas con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, toda vez que la toma e instrumentación de estas decisiones sólo contribuyan a afianzar la presencia ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en detrimento de nuestro país) en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las aguas circundantes, que forman parte del territorio nacional argentino y que se encuentran ilegalmente ocupados”, resaltan en el comunicado.

 

No son pocos los enojos que cosechó el comunicado y se comenzaron a circular los pases de factura desde los distintos partidos, tanto al acuerdo como a la postura tomada por las filas de Carrió públicamente.