El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que Cristina Elisabet Kirchner sea citada a declaración indagatoria por dos delitos vinculados a la causa de "la ruta del dinero K": encubrimiento y omisión de denuncia.

El pedido surgió ante la posibilidad de que la ex primera mandataria pueda haber participado en maniobras destinadas a ocultar datos e información sobre transferencias de millones de dólares de empresas y sociedades vinculadas al empresario y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez.

Las sospechas se originaron a partir de una presentación realizada por el actual procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien entregó a la Justicia datos sobre empresas y personas que derivaron USD 500 millones desde la Argentina hacia bancos de decenas de países del mundo, desde el extremo Oriente, en China, a las Islas Seychelles o Letonia.

El pedido de indagatoria también alcanza al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien está acusado por los mismos delitos que la ex jefa de Estado.

El fiscal solicitó además a Sebastián Casanello que prohíba la salida del país de Cristina Kirchner y de Kicillof y que se ordene sus comparecencias ante el tribunal "con la frecuencia que el juez determine". De acuerdo con fuentes judiciales, esto se debe a la cantidad de procesos que están abiertos contra la ex Presidente, a los recursos económicos que tiene y al objeto de la causa por la que se pidió su indagatoria: ocultamiento de pruebas.

Marijuán fundamentó su pedido en la numerosa cantidad de procesos en trámite que registran los imputados con avances procesales significativos, la disponibilidad de dinero que tienen y las acciones que podrían haber realizado para entorpecer la administración de justicia tales como las que se investigan en esa causa con la desaparición de elementos de prueba.
En su escrito, el fiscal sostiene "todo ello me convence que, necesariamente, deben aplicarse medidas como las solicitadas para el caso que nos ocupa y que permita asegurar la comparecencia de los involucrados para cumplir con sus cargas procesales".

El requerimiento de Marijuán destaca la posibilidad de que los imputados hayan entorpecido la investigación, que junto con el peligro de fuga constituyen lo que en derecho procesal penal se llama "peligro procesal" y es tenido en cuenta por los jueces al momento de dictar una orden de detención o de denegar un pedido de eximición de prisión o de excarcelación.


De acuerdo a la opinión del fiscal, el ex ministro de Economía y la máxima autoridad del Poder Ejecutivo habían recibido información sobre estas transferencias millonarias y "no podían dejar de actuar con las presentaciones judiciales correspondientes".

Marijuán recordó que su Fiscalía tiene "acreditadas" relaciones comerciales y personales entre Lázaro Báez, Cristina y Néstor Kirchner. A modo de ejemplo, aseguró que el empresario y el "matrimonio presidencial" han suscripto diversos actos jurídicos. Además dijo que "es de público conocimiento el estrecho lazo de amistad" que existía. Sobre ello "sobran ejemplos gráficos, fotográficos, testimoniales e incluso judiciales", detalló.


El entramado bancario, el listado de las firmas involucradas y los documentos estuvieron bajo conocimiento de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, quien nunca denunció las irregularidades.

Carlos Balbín, actual procurador del Tesoro Nacional, confirmó que cuando asumió se encontró con faltantes de "discos rígidos" y otros soportes digitales. La nueva gestión realizó una denuncia penal e inició tareas para recuperar la información, principalmente aquella que podría estar vinculada con operaciones de Lázaro Báez y la ruta del dinero K.

Parte de esa información fue recuperada por un estudio externo, que entregó los documentos al gobierno argentino, que a su vez giró la documentación al juez Casanello, quien entiende en la instrucción.