La semana pasada la Nación anunció que homologará la declaración de emergencia o desastre que decretó la provincia hace 10 días y que incluye a 18 de los 19 departamentos (el único que quedó exceptuado fue 9 de Julio). En líneas generales se dice que el 95 por ciento del territorio santafesino se vio afectado –en mayor o menor medida– por los excesos hídricos. El ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, José Garibay, recibió a Diario UNO para analizar la situación actual. El funcionario aseguró que Santa Fe “es una de las provincias más perjudicadas” en la región y que eso ya fue reconocido por el gobierno nacional. La afectación que sufrieron las rutas provinciales hizo que el plan y la inversión prevista por la provincia para mejorar la transitabilidad haya vuelto a “foja cero” porque ahora se necesitan muchos más recursos para mejorar los caminos. “Esperemos que las aguas empiecen a bajar, aunque se estima que hasta fines de mayo se aguarda que este fenómeno climático se extienda. Esto deja rutas intransitables o con dificultades de tener conectividad para el sector productivo y para los habitantes de la provincia. Las rutas pavimentadas que ya estaban en mal estado quedaron peor y eso nos obliga a pensar en proyectos de asistencia a municipios y comunas para recuperar los caminos rurales”.

—Cada vez con mayor frecuencia se producen cortes de ruta y en la autopista a Rosario por anegamientos. ¿Faltan obras o se debe cambiar la planificación agrícola para que los campos absorban más agua?

—Primero hay que rever la producción agrícola, eso también es reconocido. El tema del monocultivo y no generar una fase para plantar trigo intermedio, que genera un mayor consumo de agua por evapotranspiración de las plantas, es algo que hizo que las napas que estaban a ocho o 10 metros en general, hoy estén a medio metro. En esta situación vino un fenómeno climático que también fue extraordinario y se sumaron las dos cosas, que nos produjeron una crisis hídrica importante. Igualmente ya pasamos a ser una provincia con otra recurrencia en los regímenes de lluvias y va a haber que repensar, como se lo está haciendo, todas las obras hídricas de defensa de las localidades, como un primer paso, y luego canales para bajar el impacto en las tierras productivas. —¿La provincia tiene un plan de manejo hídrico?

—Tiene buenas herramientas que son los comités de cuenca, que organizan en el territorio a productores y municipios que están participando para el mantenimiento de los canales y para el desarrollo de proyectos. Pero en general la política que primó fue la de sacar el agua. Hay que pensar cada vez más en un plan de manejo integral que trabaje sobre la regulación del agua; colocar más puntos de retención en algunos sectores que antes eran bañados y que luego la presión del sector productivo y épocas secas hicieron que se usen como área agropecuaria. Entonces, lo que antes eran bañados ahora se pretende que sean tierras de uso productivo en todas las situaciones. Creo que hay que analizar un manejo hídrico diferente donde haya puntos de retención y puntos de extracción siempre priorizando la defensa de las ciudades.

—¿Esta mirada integral sobre el manejo hídrico depende de los comités de cuenca?

—No. Los comités son un brazo operativo de esta planificación que debe darse en el Estado provincial y con el apoyo de las distintas entidades como las facultades de Ingeniería y el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Ese es un tema que se empezó a trabajar la gestión anterior y la intención nuestra es continuarla y tener planes directores más integrales. Queremos trabajar con una visión más amplia y no tan sectorizada como las subcuencas. Pero en este proceso van a tener que trabajar obviamente los comités de cuenca. Lo otro que también hay que trabajar es un mayor poder de policía sobre los canales clandestinos y ahí sí tenemos que trabajar con los comités.

—¿Esto se va a plasmar en un proyecto de ley de aguas?

—Hay un proyecto que estaba por ser aprobado y que es importante como herramienta para darle mayor poder de policía al Estado para actuar sobre los campos de particulares en los proyectos de interés común, hacerlo más ágil para lograr el paso de canales o servidumbre de paso. Pero la planificación y la regulación trata de poner en sintonía a los distintos actores del territorio como los municipios y comunas y la provincia coordinando y contratando los estudios necesarios por cuenca para dar racionalidad a este plan de manejo hídrico. —Ese proyecto de ley que menciona perdió estado parlamentario.

¿El Ejecutivo va a elaborar otro o con el plan de manejo alcanza?

—Hay que trabajar sobre los dos temas. Vamos a volver a trabajar con la Legislatura para reelaborar el proyecto que perdió estado parlamentario y vamos a ver la forma de consensuar un nuevo proyecto de ley de aguas. Quizá haya que trabajarlo por etapas porque el que estaba era muy ambicioso. Es necesario tenerlo, pero también es necesario tener un plan director por cuenca y trabajado desde un punto de vista ambiental y productivo para definir claramente cuáles son las potencialidades de cada territorio. Es imposible garantizar que toda la superficie de la provincia evacúe el agua de forma inmediata. Tenemos que tener un plan que contemple que hay áreas que van a tener que actuar como reguladores y otras áreas donde habrá que hacer los canales para que escurra el agua pluvial. —

¿Cuánto tiempo les puede llevar diseñar un plan director?

—Tenemos que empezar por las cuencas más complicadas que son las interjurisdiccionales y que vamos a trabajar con la Nación sus planes directores, como en La Picasa, la cuenca del Carcarañá y la de los Bajos Submeridionales. Como provincia no podemos hacer todas al mismo tiempo y vamos a priorizar las más complicadas como la del Colastiné (que es la que corta la autopista) y la del Cululú. Los planes directores requieren procesos participativos y pueden llevar un par de años para tener un plan director integral.

—¿Cuánto incidió en esta emergencia el ingreso de agua desde Córdoba?

—Eso estaba en un proceso de regulación. Había un acuerdo sobre el canal de San Antonio que va al Carcarañá; se estaban haciendo obras arriba de San Francisco. Había una regulación en convenios que se habían hecho con Córdoba. Entró el agua, pero con un nivel de regulación. Fue poca incidencia en este caso de la problemática de Córdoba. Obviamente que sería mejor que no entre nada, pero eso es imposible.

El cúmulo de agua que teníamos en el territorio hizo que no se pueda absorber la que venía de Córdoba. Según Garibay, la provincia tiene en la actualidad 40 comités de cuenca operativos y eso representa un 40 por ciento de la superficie santafesina. El 60 por ciento restante está asistido directamente desde la provincia. Sin embargo, esa situación se tradujo hasta el momento en que desde una cuenca la prioridad es sacarse el agua de encima sin importar a quién se afecta. Para eso la provincia asegura que ya tiene avanzado un diagnóstico para la elaboración de un plan de manejo integral del agua. Ahora llega el tiempo de la acción para empezar a mitigar y reducir el impacto que los excesos pluviales generan a los emprendimientos productivos y a la infraestructura pública, como la red de caminos provinciales.