La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó ayer la Ley la expropiación del inmueble donde funcionara el centro clandestino de detención conocido la Quinta de Funes. El proyecto original de la diputada provincial del Partido SI Alicia Gutiérrez, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la Ruta Nacional 9 y la diagonal San José, de Funes. En la sesión habló el senador por Rosario Miguel Cappiello, y estuvieron dos miembros de la Comisión de la Memoria de Funes, Mauro Miguez y David Rullo. "Esto que aprobamos era más que necesario, ya que una ley similar había perdido estado parlamentario en 2006 y se estaba por perder ésta también, ya que había sido aprobada en 2015", expclio Cappiello a Rosario/12 .

Entre los argumentos explicitados por el legislador se tomó en cuenta "que se cumplieron hace pocos días 40 años del nefasto golpe de estado y y que existe la ley Nº 26.691, de junio de 2011, que establece que todos los lugares que fueron centros clandestinos de detención están sujetos a expropiación y al uso público para mantener viva la memoria".

Cappiello explicó que "este proyecto se trató en Senadores como último tema, y los 18 senadores que estábamos le dimos nuestro voto positivo para que el gobierno provincial pueda expropiar el inmueble. En ese lugar pusimos muy pocos días antes del 24 de marzo, una placa de identificación para que la gente sepa que allí hubo detenidos y que la gente sufrió la muerte, donde había embarazadas que eran llevadas a Paraná a parir a sus hijos, y también gente torturada. Toda esa memoria tiene que quedar viva en los argentinos", aclaró Cappiello.

Por su parte, el diputada Alicia Gutierrez -que es la autora original del proyecto- argumentó que "además de juzgar y condenar a los responsables de cometer estos delitos que son imprescriptibles, es preciso continuar trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica en la Argentina como una forma de reforzar día a día nuestro compromiso con la vida y el respeto de los Derechos Humanos".

"Al igual que la Esma, la Quinta de Funes es todo un símbolo en la provincia del horror que significó el plan sistemático ideado y llevado adelante por los genocidas, pero también es una muestra de la resistencia y la lucha de los militantes detenidos-desaparecidos y sus familias", explicó la legisladora los principios del proyecto.

La normativa exige que se conserve la edificación existente en su estado actual, como una forma de resguardar todos aquellos elementos y estructuras que sirvan como testimonios del pasado reciente.

También establece que el Poder Ejecutivo, con participación de los organismos de derechos humanos, sea el encargado de definir los usos del lugar. "A pesar de lo sufrido, nunca se buscó venganza sino justicia. Y este espacio es una forma simbólica de lograr la restitución de los nombres y de las tumbas que les fueron negadas a las víctimas y a sus familiares", reflexionó la diputada Gutiérrez.

En la Quinta de Funes, el General Galtieri pretendió concretar parte de su proyecto político, que tenía por objetivo llegar a la Presidencia de la Nación y consistía en detener a la conducción de Montoneros. Para esto, mantuvo cautivo y desaparecido en este centro clandestino a un grupo de militantes pertenecientes a la organización armada.

El dictador planeaba enviar a dos de los miembros que estaban detenidos para infiltrarse y asesinar a los dirigentes que se encontraban exiliados en ese país. Sin embargo, el plan, al que se denominó "Operación México", fue desbaratado por uno de los militantes, Tulio Valenzuela, que al llegar a ese país denunció la situación ante la prensa internacional.

Como consecuencia, los restantes miembros del grupo, en el que se encontraba la pareja de Valenzuela, Raquel Negro, embarazada de mellizos, fueron trasladados a otros centros clandestinos y luego asesinados. Estos acontecimientos fueron conocidos a través del testimonio del único sobreviviente, Jaime Dri.

En la actualidad, una de los hijas de Valenzuela Negro, Sabrina Gullino, que recuperó su identidad en 2008, busca a su hermano mellizo quien, se sospecha, fue apropiado ilegalmente. "La dictadura buscó a través de la desaparición, la muerte y el exilio destruir el compromiso con la lucha por una sociedad más justa para todas y todos. Por eso debemos preservar estos lugares y transformarlos en un ámbito de memoria y reflexión para que los más jóvenes sepan qué sucedió, quiénes fueron los responsables y cómo además parte de la población convivió con el terror", afirmó la diputada Gutiérrez.

El proyecto original fue firmado ademas por Inés Bertero (PS-FPCS) y Verónica Benas (PARES-FPCS) y los diputados Eduardo Di Pollina (PS-FPCS) y Eduardo Toniolli (mandato cumplido). Ingresó a la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2015, se aprobó sobre tablas y por unanimidad el 15 de octubre de 2015 y se comunicó al Senado el 21 de octubre de 2015. El Poder Ejecutivo, el 16 de marzo de 2016, incorporó la media sanción al Período Extraordinario de Sesiones. Con preferencia de tratamiento para la sesión del Senado de ayer.