Los 22.500 policías de la provincia comenzaron a ser censados ayer en una iniciativa de carácter obligatorio del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. El propósito anunciado oficialmente es obtener información actualizada de los uniformados, que permitirá a la conducción civil planificar estrategias dirigidas el bienestar policial. Esto incluye determinar aspectos diversos como cuántos de ellos tienen vivienda propia, cómo es la relación entre lugar de residencia y destino laboral, cuál es la condición de las familias y en qué situación se encuentran los hijos que cursan estudios, a fin de que el gobierno pueda contar con datos específicos para definir beneficios.

Establecer estos datos sobre el contexto de vida de los policías coincide con otra pretensión del gobierno: arrojar una cifra certera sobre las funciones que cumplen los miembros de la principal fuerza de seguridad de la provincia, en qué situación de actividad y en qué destinos. Estos han sido datos que a la política le cuesta acceder y que la institución policial controló siempre. Y que la cartera de Seguridad quiere manejar para saber cuál es la verdadera disposición de los recursos humanos policiales, cómo se distribuyen según las prioridades de la política de seguridad y cómo se explica la situación de aquellos que por motivos diversos no están prestando servicio. En otras palabras: determinar dónde están y qué hacen los policías.

Por eso este censo policial viene a complementar otra medida decidida la semana pasada por el gobierno de Miguel Lifschitz, que es el proyecto para reformar la ley de personal policial, en la idea de modificar aspectos cruciales que inciden sobre la dotación de uniformados, lo que es actualmente un campo nebuloso. Uno es la cantidad de efectivos que se encuentran sin prestar tareas por estar con carpeta médica. La cartera de Seguridad a cargo de Maximiliano Pullaro hoy la estima en dos mil empleados. Es decir casi el nueve por ciento del total de policías con que cuenta la provincia.

Fuera de servicio. Actualmente los policías que están con tareas pasivas por lesiones o enfermedades que le impiden su trabajo regular pasarán a revistar en situación de tareas diferentes. Si prospera la reforma el tiempo transcurrido en esa condición no se computará, a diferencia de lo que pasa hoy, para el ascenso. Con esto se busca desalentar a aquellos policías que utilizan el recurso de la carpeta médica de corto plazo no por estar afectados por un problema de salud verificable sino con la intención de sustraerse del servicio, lo que pueden hacer sin que ello afecte la posibilidad de subir de jerarquía. Al asumir Pullaro dijo que estos actos eran "lisas y llanas maniobras de robo al Estado". Los policías con carpeta médica cobran hoy el 100 por ciento del sueldo. Con la enmienda seguirán cobrando lo mismo pero sin la posibilidad de recibir suplementos particulares.

Otro es el de policías que se encuentran en disponibilidad, apartados de servicio, bajo sospecha de haber cometido un delito. Actualmente los que están en esta situación suelen permanecer apartados del servicio mientras se resuelve la situación judicial, lo que a veces tarda largos años, pero cobrando el 75 por ciento del sueldo más los adicionales generales. El proyecto del gobierno provincial reduce al 60 por ciento del sueldo la percepción de los que están en disponibilidad. Que según la estimación del gobierno provincial son actualmente 700 efectivos en toda la provincia.

El último punto proyectado de la reforma para transparentar el estado del personal se vincula a los que están con prisión preventiva, por infracción a la ley o cuando esté imputado por un fiscal. Estos quedarán fuera de la fuerza tras un año en esa situación. Y aquellos que sean sorprendidos en delito flagrante serán exonerados sin más trámite.

Tanto la modificación de la ley personal policial en estos puntos como el censo iniciado ayer apuntan a dejar en claro la cantidad de policías con las que la provincia cuenta, cuáles cumplen tareas y cuáles no. Lo que es hasta ahora una cifra incierta o negada.

"Este tipo de medidas encaradas por el gobierno sólo pueden molestar a los policías que buscan salidas para no trabajar y encima cobrar. Con el censo y con la regularización de situaciones injustas que procura el cambio legal los que trabajan lealmente encontrarán beneficios", dijo una fuente ministerial.

Los recursos. El censo policial de los agentes en actividad comenzará en las ciudades de Rosario y Santa Fe y luego se extenderá de manera progresiva al resto de la provincia. La provincia indicó que será realizado por personal idóneo del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Provincial del Registro Civil y de los Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas y las entrevistas se llevarán a cabo en las oficinas de documentación rápida del Registro Civil.

Las preguntas a los empleados se basarán en la composición familiar, características de los hogares y lugar de trabajo, "a fin de comprender el contexto de vida de los policías y de su vinculación con la tarea y función que actualmente desempeñan". Además, se rediseñará la credencial policial de cada uno de los agentes para dotarla de medidas de seguridad con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.

El censo es obligatorio para todo el personal policial en actividad que deberá presentarse en la fecha y horario convocado mediante notificación, con su DNI, credencial policial y el uniforme correspondiente. Las Divisiones Personal y las Inspecciones de Zona de cada Unidad Regional dispondrán el día y horario de asistencia de cada efectivo policial y supervisarán la asistencia del personal a censarse. La primera parte dejará establecidos los datos biométricos, las huellas digitales y la firma digital de cada policía. La segunda etapa será para recabar datos personales y familiares.