En relación a esto, el concejal González manifestó que “han pasado siete años desde la sanción de esta Ley y aún no se ha reglamentado totalmente; hecho que nos preocupa y del que pretendemos ocuparnos debido a que consideramos que se trata de una normativa de suma relevancia para la sociedad”. Y agregó que “si bien nuestro país, en muchos casos, va la vanguardia a la hora de consagrar derechos no siempre se puede acceder al goce de los mismos íntegramente, producto de la falta de herramientas y los inconvenientes que genera su inconclusa reglamentación”. 

A su vez, Leandro González manifestó que “sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia diaria que se da en nuestro país. Es por eso que estamos convencidos de que Estado y ciudadanía debemos comprometernos perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres”.

Para finalizar, el concejal radical manifestó que “resulta importante destacar que en nuestra ciudad la implementación de los Botones de Alerta, los cuales permiten prevenir o ayudar a evitar la violencia sobre las poseedoras de los dispositivos, se complementa con un conjunto de acciones que se llevan adelante en forma coordinada con el Área Mujer y Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad, donde a su vez  se puso en marcha un servicio de Consultoría de la Mujer”. A su vez, “el Gobierno de la Provincia trabaja para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, convenios y tratados internacionales que contemplan los derechos de las mujeres y de grupos de la diversidad sexual”, agregó.

Reclamo unánime

Es importarte señalar que las asociaciones civiles afines, como la sociedad en general, reclaman con urgencia la creación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres. Así también, que se garantice el acceso de las víctimas a la Justicia, a través del patrocinio jurídico gratuito, de la unificación de las causas del fuero civil y penal, y de la capacitación del personal que recibe las denuncia en comisarías y fiscalías.

Por último también se considera necesario la implementación del “Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer”, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres conforme lo establece la Ley N°26.485  en su artículo 12º; y la implementación del Registro Oficial Único de Víctimas de la violencia contra las mujeres y que se destinen los recursos necesarios para tales fines.