Este miércoles en Buenos Aires, convocada por el Ministerio de Energía, habrá una reunión clave en relación a un nuevo aumento de tarifas eléctricas en Santa Fe. Según trascendió en los medios la EPE ya tenía avanzado un nuevo cuadro tarifario que reflejara el incremento del 300% en la energía mayorista, pero ante la invitación al encuentro, del que participará la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese y representantes de distintas provincias, se decidió aguardar las novedades que pueda comunicar al respecto Nación.
Habrá, seguramente durante la jornada novedades al respecto, sin embargo mientras se espera una definición, generó preocupación en organizaciones de defensa del consumidor y en comerciantes la franja de entre el 40 y el 50% en la que oscilaba el posible aumento previo a la reunión con Aranguren.
En diálogo con Diario UNO, el secretario del Centro Comercial de Santa Fe, Jorge Baremberg manifestó que sería “una vergüenza” que la EPE analice un incremento de estas características, cuando los “santafesinos han pagado y subsidiado las tarifas de Buenos Aires durante muchos años”.
En esa línea, Baremberg se lamentó de que los aumentos en el último tiempo han sido “cosa juzgada”, y que cuando se hacen públicos ya “está todo cerrado y abrochado”.
A su vez, el dirigente se quejó de que los aumentos no solo afectarán al comerciante y sus costos, sino que también repercutirán en la capacidad de compra de los clientes.
“Le estamos rompiendo el poder adquisitivo a la gente con tanto aumento. Entonces, lo que me pregunto es, ¿hasta cuando van a seguir presionando? La estanflación es el peor proceso que podemos tener, inflación con recesión”, indicó.
Por último, el comerciante pidió creatividad a la hora de enfrentar la actual situación y que no sea siempre la única posibilidad la de incrementar las tarifas.
“Debe haber políticas de Estado que sean mucho más creativas y proactivas para poder con la misma alícuota tratar de mover la economía para que repercuta en mayor ingreso y mayor volumen de actividad”, planteó.
Los consumidores también
Consultados por Diario UNO, los organismos de defensa de los consumidores fueron muy críticos ante la posibilidad de una nueva suba y pidieron que la EPE se ajuste a la ley de defensa del consumidor y a la Constitución Nacional.
“Nunca se logró tener un ente de control y además la ley defensa del consumidor y la Constitución determinan que cuando se realiza un aumento en los servicios públicos, que por las características que tienen son monopólicos porque no se puede elegir otra empresa, e indispensables para la vida humana, debe haber primero una audiencia pública, aunque no sea vinculante”, sostuvo Laura Mayoraz, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Santa Fe.
Para Mayoraz no se puede hablar aún de porcentajes de suba porque no quedó todavía claro cuál es el precio del kilovatio.
“Todavía no quedó claro cuánto le aumenta al distribuidor mayorista. Ya de por sí, en diciembre se anunció un aumento que no correspondía”, expresó y señaló que antes de hacer un planteo formal por el tema van a aguardar los anuncios sobre cuál es el porcentaje de aumento.
En el mismo sentido, Marcelo Gelcich, representante de Proconsumer Santa Fe, se quejó por la falta de un ente de control para el servicio, y pidió que se cumplan con los mecanismos establecidos por ley para el aumento de tarifas.
“Lo más escandaloso de todo es que no tenemos ente de control, no se hacen audiencias públicas, y se avisan los aumentos luego de que se han consumado, o muy pocos días antes. Estamos como antes de la reforma constitucional de 1994”, resaltó y recordó que Proconsumer hace unos años planteó una medida judicial contra el aumento de las tarifas de la EPE, pero que una jueza de primera instancia entendió que no hacía falta audiencia pública porque “el consumidor ya estaba suficientemente informado del aumento en las facturas”.
“Cada aumento que se da en estas condiciones es una ratificación de que al gobierno provincial no le interesa avanzar en mecanismos participativos como los exigidos por la Constitución Nacional para la toma de decisiones en materia de tarifas y que son derechos fundamentales de los consumidores”, finalizó.
