Los comercios de la ciudad lograron un plazo extra, hasta finales de febrero, para adecuarse a la ordenanza que los obliga a mantener cerradas sus puertas mientras funcionan los acondicionadores de aire, preferentemente a no menos de 24 grados. La decisión fue tomada por la Municipalidad después de que la Asociación Empresaria formalizara el pedido la semana pasada buscando evitar multas entre los locales que vienen transgrediendo la norma, sancionada hace un año para evitar el derroche energético. En los hechos los negocios (sobre todo superficies grandes, de también grandes cadenas) ganaron tiempo para encarar las obras necesarias que les permitan contar con un sistema de apertura y cierre "que funcione sin ayuda del hombre". Así que sanciones, por ahora, no habrá.

La norma que obliga a los comercios a mantener las puertas cerradas cuando tienen encendidos sus equipos de refrigeración fue aprobada en febrero del año pasado, a propuesta de los concejales radicales María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale.

Justamente por eso, a casi un año de que pocos se ajustaran a la normativa, los ediles reclamaron al Ejecutivo que sancionara a los incumplidores.

Para eso, agentes de Inspección y de la Guardia Urbana Municipal ya notificaron a unos 1.200 locales céntricos y de los barrios. El tiempo les empezaba a correr para adecuarse o terminarían recibiendo sanciones.

Y fue justo entonces cuando la Asociación Empresaria, en representación de los comercios, solicitó un "plazo" a la Intendencia. Tras analizar el pedido incluso con áreas técnicas del municipio, finalmente el Ejecutivo aceptó dar un prórroga para que cada local encuentre el modo de adaptarse.

"El viernes pasado estuvimos reunidos para establecer algunas pautas técnicas que permitan dar cumplimiento a la normativa y viendo qué se entiende por «sistema automático», es decir, todos los que funcionan por sí solos o sin ayuda del hombre", detalló la titular de la Agencia Municipal de Inversiones Proyectos Estratégicos, Eleonora Scagliotti.

El problema es que en su letra la ordenanza 9.375 exige un "sistema de cierre automático de puertas", pero la interpretación de la norma supone aceptar otras opciones igualmente válidas, contó la funcionaria, como "las puertas vaivén, las giratorias manuales o las que funcionan con un cierrapuertas hidráulico, sin necesidad de que tengan correderas eléctricas".

Cada negocio deberá optar por esos u otros equipos equivalentes, siempre que mantengan un cierre que impida la pérdida del aire frío generado por los acondicionadores, para desgracia de los mal acostumbrados transeúntes.

Así, teniendo en cuenta "las situaciones muy particulares que se dan en cada comercio", se aceptó tomar el pedido de treinta días presentado por la Asociación Empresaria, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Leone.

Sobre el filo del verano. "La verdad es que cuando nos comunicaron que se comenzaba a notificar a los negocios pensamos en un plazo más corto", admitió Chale, ya que "el sentido de la norma era que se cumpliera en diciembre, enero y febrero", los tres meses más calurosos del año y los que coinciden "con los picos de demanda energética".

Porque "a finales de febrero ya se va el verano", afirmó.

Aun así, Chale aceptó la extensión del plazo otorgado por la Municipalidad porque la ordenanza "no pone a la multa en primer lugar, sino que apunta a reclamar inversión por parte de los comercios para que haya corresponsabilidad en el uso del servicio eléctrico", sobre todo en los "picos de consumo".

El titular de la Asociación Empresaria, Ricardo Diab, también defendió la extensión del plazo porque eso "permitirá que todos los locales se adecuen a la norma". Algunos, "los que tiene posibilidades más sencillas, ya empezaron a adaptarse", contó, mientras que otros demandan soluciones más complejas y por eso requieren de la prórroga.