Un informe elaborado en el seno de la Asociación del Personal Jerárquico de la Empresa Provincial de la Energía pone en tela de juicio la situación financiera de la distribuidora y responsabiliza a su presidente, Daniel Cantalejo, por una deuda que asciende a 1.963 millones de pesos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y que se comprometió a saldar en los próximos 36 meses, lo que implica dejarle un clavo como herencia a la gestión que comenzará el 10 de diciembre.

 

En la APJ -entidad gremial con sede en Santa Fe que representa a los funcionarios de carrera con responsabilidades operativas en la EPE, por fuera de Luz y Fuerza- se preguntan “¿Qué hicieron con la plata?”, si en el presupuesto 2015 de la provincia de Santa Fe hay 1.230 millones de pesos previstos en partidas para que la EPE compre energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Cómo es entonces que desde diciembre 2014 hasta setiembre pasado la empresa estatal acumuló 10 facturas de Cammesa sin pagar. Horacio Bello, vocal de la APJ, expuso los hechos y barajó su certeza de que el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, no fue ajeno a estas decisiones que resultaron en la abultada deuda generada en menos de un año.

 

“Cantalejo dijo que nos endeudábamos porque la Nación no había enviado 1.000 millones, entonces salíamos derechos, pero cómo: si eran 200 millones el compromiso de Nación, y lo que quedó sin enviar fueron sólo 99 millones”, comparó Bello en alusión al convenio que Santa Fe firmó en junio de 2014 con el gobierno nacional y que se llamó Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas.

 

El ministro Julio De Vido y el gobernador Antonio Bonfatti lo firmaron en junio del año pasado y consistió en que la EPE retrotraía sus tarifas al 31 de diciembre de 2013 y las congelaba durante todo el 2014. Como contrapartida, la Nación iba a desembolsar $200 millones para financiar un plan de inversiones de la EPE en su infraestructura. Los fondos vendrían a medida que la EPE presentara los papeles que certificaran el avance de esas obras. “A pesar de que el convenio es claro y sólo habla de un desembolso de hasta 200 millones como aporte de la Nación, la EPE declara y presenta a la Secretaría de Energía inversiones por sumas muy superiores, y esa actitud es el inicio de la farsa”, cuestiona el documento de la APJ.

 

Hacia finales de 2014, en la EPE se esgrimía que la Nación estaba incumpliendo con el envío de partidas acordadas como para preparar el escenario para anunciar un incremento tarifario, cosa que ocurrió en diciembre y se aplicó desde el 1º de enero de este año. Eso significó el final del convenio suscripto. Según la APJ, la Nación había aportado hasta ese momento $101 millones, por lo que quedaba un saldo exigible de 99 millones.

 

Fue por esos días que la distribuidora dejó sin pagar un vencimiento de $81,5 millones por compra de energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). Ese incidente se explica, según el informe de APJ, como “producto de la mala administración (...) por lo que la EPE finaliza 2014 muy comprometida en lo financiero, y a pesar de que es otro año más de subejecución presupuestaria”.

 

Hoy la empresa provincial tiene por pagar diez facturas por suministro de energía cuyos vencimientos operaron entre diciembre de 2014 y setiembre pasado, por 1.212.466.031 pesos, lo que asciende por recargos e intereses a $1.963.429.601. En un reciente acuerdo de pago firmado por la EPE con Cammesa se pacta la cancelación de esta deuda en “36 cuotas mensuales consecuetivas y crecientes. La primera cuota vencerá el 20 de diciembre y será de 36,6 millones de pesos.

 

Bello, en diálogo con Rosarioplus.com, interpretó que el ministro Ciancio no podría decir que no le avisaron: “Cantalejo le envió una nota para que apruebe el convenio de pago a Cammesa, y luego el directorio de la EPE emitió una resolución tomando esa decisión. No creo que lo haya hecho a espaldas del ministro”, especuló el dirigente gremial.

 

La interpretación de la APJ supone que Cantalejo –hacia él apuntan los dardos en el informe– provocó ese endeudamiento montado en la excusa de que la Nación no había aportado lo que debía: 99 millones de pesos. “Nos parece un verdadero despropósito que raya la ilegalidad el hecho de que por una eventual acreencia contra la Nación de $99 millones la EPE se endeude en casi $2.000 millones, o sea, unos 200 millones de dólares”, concluye el documento de la entidad que preside José Antonio Pereyra.