El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó dos proyectos relacionados con los hechos de robos en banda registrados la semana pasada. Si bien en un momento se pensó en realizar una convocatoria al Consejo de Seguridad de la ciudad, por los tiempos de trabajo de los actores involucrados en la seguridad, solo será una reunión informativa para conocer el plan de contingencia ante las situaciones mencionadas.

En el recinto el mensaje fue uno solo: apoyo desde todos los sectores de la política. "No hay ningún tipo de mirada distinta en este tipo de situaciones", expresó Sebastián Mastropaolo y agregó que "en este momento el Concejo, siendo representante de cada uno de los vecinos, tiene que ocuparse y preocuparse porque es una advertencia, en un contexto social particular que tenemos en la ciudad".

Desde las bancas, se destacó el accionar "rápido y contundente" tanto de la policía como del Ministerio Público de la Acusación, pero se busca conocer el plan de contingencia para "involucramos fuertemente todas las fuerzas políticas que representamos en este Concejo y apoyar a quienes tengan que actuar en consecuencia", mencionaron.

 Por su parte, el concejal Hugo Marcucci resaltó que "el Estado en sus distintos poderes y niveles, debe actuar contundentemente ante estos hechos, en el marco de la acción y de la legalidad que tiene, para evitar que grupos minúsculos quieran traer el caos y la violencia a una sociedad que quiere resolver sus problemas en el marco de la institucionalidad".

 El presidente del cuerpo, Leandro González, también se refirió a la votación unánime de los mensajes, "el Concejo terminó avalando institucionalmente convocar a una reunión a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia, del Ejecutivo Municipal, del Ministerio Público de la Acusación y también a representantes de la actividad comercial relacionados con los robos que se dieron en banda en algunos lugares de la ciudad".

González también se refirió a la "situación económica, social e institucional en la República Argentina", destacando que desde el Concejo se trata de aportar a una situación compleja que se está viviendo. En el segundo artículo del proyecto se lo factulta como presidente para coordinar y fijar la fecha del encuentro.

Adhesión de la ciudad de Santa Fe a la Ley Lucio

En otro de los proyectos aprobados, el Concejo santafesino adhirió al municipio local a la "Ley Lucio", que establece la Capacitación obligatoria para los agentes del Estado (municipal en este caso) que trabajan en relación a la niñez, para tratar de detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza.

 

La autora del proyecto, Adriana Molina, destacó que en el aberrante hecho "no solamente fue el terror de la muerte de un niño de ese modo, sino que también nos dimos cuenta como el Estado no había funcionado como debía hacerlo, ni la Justicia, ni la Policía, ni la Educación, ni la Salud habían actuado".

De qué trata la Ley Lucio

La Ley Lucio refuerza la Ley Nacional 26.061 "Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes" con nuevas herramientas. Además de la capacitación obligatoria, también instituye la generación campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, con una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

La "Ley Lucio" establece la Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, para tratar de detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza.

Otro de los puntos esenciales es la articulación de un protocolo de actuación entre el Poder Ejecutivo Nacional con el Poder Judicial de la Nación, para las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia. El objetivo del protocolo es establecer una nómina de indicadores de riesgo para distintos tipos de maltrato infantil, unificar los criterios de actuación a nivel nacional, realizar pautas de actuación en coordinación con los entes provinciales y estatales de actuación que garanticen la trazabilidad de las denuncias, y establecer mecanismos accesibles y apropiados para garantizar la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente al servicio de justicia.

 También dispone la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en cada una de las jurisdicciones de la República Argentina con el objeto de favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.