La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, inició este martes el debate de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

En la apertura de la reunión, que se desarrolla en el anexo C de la Cámara Baja, en forma mixta, virtual y presencial, Moreau puso de relieve la importancia del debate y destacó "la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática", antes de dar la palabra a los expositores, en primer término de la provincia de Chaco.

El primero en exponer fue Giovanni Tesaro, jefe del departamento jurídico de Defensa del Consumidor de Chaco, quien consideró que la ley "debe tener previsibilidad", al hacer referencia a la "falta de certidumbre" de la norma actual.

En tanto, Matías Sironi, representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa misma provincia, dijo que la ley actual "no contribuyó a dar soluciones a la crisis habitacional y profundizó la escasez de oferta", al advertir que "no tiene en cuenta la receptividad del turismo ni las actividades estacionales: la sola derogación es insuficiente para atender la problemática porque hay que atender las causas reales".

Por su parte, Roberto Díaz de la Unión de Inquilinos de Río Negro dijo que "hay personas viviendo en carpas, en autos o en colectivos" como consecuencia de la aplicación de la ley y consideró que "la situación es preocupante".

En menor cantidad participan tres asociaciones de defensa del consumidor, una cámara de propietarios y un par de centros de estudios.

En tanto, y de acuerdo con el cronograma establecido, la comisión retomará el debate la semana próxima con reuniones presenciales el martes 19 y miércoles 20, mientras que entre el martes 26 y miércoles 27, se pretende comenzar a firmar el dictamen.

De esta manera, Moreau cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos consensuaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratar el tema (el mismo martes 5), en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En ese sentido, todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de su implementación.

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

La intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la Cámara baja el mes próximo.