La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), organización dedicada a los problemas derivados de las crisis sistémicas y que reúne 24 entidades sociales de 13 países de la región, anunció una campaña a favor del aporte extraordinario a la riqueza que será "similar a la lucha contra el ALCA", como parte de una iniciativa "para que el costo de la crisis sanitaria no recaiga en los sectores más bajos".

El sociólogo costarricense y miembro de la organización, Jorge Coronado, anunció que la red desarrollará una "campaña continental por el impuesto a las grandes fortunas" que "reúna a las fuerzas políticas de centro y progresistas, similar a lo que fue la lucha contra el ALCA", el área de libre comercio impulsada en Estados Unidos y frenado por los líderes regionales en la Cumbre de las Américas de 2005.

La noticia se dio a conocer este martes, luego de una reunión virtual en la que participaron, además de Coronado, la congresista peruana del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban; el excandidato presidencial de Chile y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami; y el diputado argentino Itaí Hagman.

"Latinoamérica es el continente más desigual del planeta por su sistema tributario. Les estamos regalando miles de millones en exoneraciones, que no solo evaden, sino que hacen fraude y erosionan las finanzas públicas", manifestó el sociólogo costarricense.

Según Coronado, en Latinoamérica "el 10% de la población más rica concentra el 70%" de la riqueza", mientras que "el 22% del total de todas las riquezas del continente está afuera de la región, sin pagar un solo centavo en impuestos".

Para combatir la desigualdad, "nuestra apuesta es que hay que dar un debate donde gravar la riqueza no puede ser algo extraordinario. Queremos que las elites latinoamericanas se pongan a pagar", señaló Coronado.

Durante la reunión y en esa misma línea, el chileno Marco Enríquez-Ominami, sostuvo que los aportes extraordinarios a las grandes fortunas tienen el problema de ser "por una única vez" y reclamó un cambio en la forma de tributar que grave a los sectores más beneficiados.

Por su parte, la congresista Rocío Silva Santisteban anticipó que en Perú se busca avanzar en un proyecto que alcance a todos los patrimonios que superen los 600.000 dólares, con un gravamen que va hasta el 5% para quienes tienen más de 2 millones, y que incluya una redistribución por parte de los sectores que se beneficiaron por la pandemia, como farmacéuticas, compañías de alimentación o de telecomunicaciones.

“La acumulación de riquezas no es visto como un problema por el capitalismo que asume que el mercado es el más justo asignador de recursos”, se quejó el Hagman, diputado del Frente de Todos.

El legislador mencionó el proyecto argentino que prohíbe al Estado asistir a empresas con residencia en paraísos fiscales, que fue presentado recientemente en el Congreso, y pidió una colaboración internacional para combatir la evasión. “Es un problema que ningún país por sí solo puede resolver".