El proyecto, presentado en la sesión del día jueves 6 de marzo, busca identificar con información clara, detallada y precisa sobre la cantidad de beneficiarios, condiciones y modificaciones de los montos otorgados a los destinatarios de los programas ProSoNut – Programa Social Nutricional-  y  la Tarjeta Institucional de Seguridad Alimentaria, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe. 

En este sentido la legisladora sostuvo que: “Nos preocupa de sobremanera que la parálisis en la que está inmerso el Estado provincial repercuta negativamente en los comedores de la provincia. No hay margen para desatender a los comedores ni a las copas de leche, y por reclamos y comentarios que recibimos esto está, lamentablemente, siendo así. Es inadmisible”.

“La única garantía que de los que menos tienen, es el respaldo del Estado. En Argentina tenemos una situación demasiado compleja: hay una porción de la población que accede a sus alimentos mínimos, sólo si el Estado está presente, de lo contrario tenemos situaciones de hambre. Lo que queremos es que el gobierno provincial nos informe que está pasando con estos dos programas” afirmó Mahmud. 

En el marco de esta presentación en la cámara baja, la diputada socialista analizó la situación económica y social de emergencia por la que atraviesa Argentina y a la que la provincia de Santa Fe no está exenta, a lo que la falta de información sobre la modalidad y continuidad de ProSoNut y de la Tarjeta Institucional como así de los montos que se percibirán, suma mayor incertidumbre y preocupación.

 
Durante los 12 años del FPCyS
El gobierno del Frente Progresista, durante su gestión, realizó informes sobre las distintas acciones que el gobierno provincial lleva a cabo en materia de seguridad alimentaria, principalmente desde los programas, acciones y convenios que se han implementado en todo el territorio santafesino. La realidad de Santa Fe no es ajena a la profunda crisis económica que vivimos hace ya varios años, por ello, durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz se implementaron acciones para trabajar sobre la problemática. 

En este marco, la provincia de Santa Fe, el 30 de septiembre del año 2019, adhirió a la ley nacional N°27.519 de Emergencia Alimentaria y Social. En el decreto correspondiente, se encomienda a los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Economía, y de Gobierno y Reforma del Estado a realizar las acciones o modificaciones presupuestarias tendientes a incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales mencionados anteriormente a los fines de garantizar el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional de todos los santafesinos y santafesinas. A la vez, se creó una Comisión de Seguimiento y Control de las acciones coordinadas por el ministro de Desarrollo Social para reforzar el trabajo coordinado por los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la situación económica y social gravísima que vive el país.