Esta mañana se desarrolló la audiencia por el pedido de prisión preventiva que los fiscales de Delitos Complejos habían solicitado tras la imputación a cuatro personas en marco de una causa originada por una denuncia de ATE y ATEM por estafas.

Tras un cuarto intermedio, donde se escucharon a los cuatro imputados y los fundamentos de la acusación para sostener la detención de los imputados, se dispuso una fianza de dos millones de pesos para cada uno de ellos y una fianza profesional de los abogados particulares Hilber y Oroño.

La explicación de los ex empleados

Los primeros en hablar fueron los ex empleados de ATE, quien se desempeñaba como gerente, M. Naput, y su esposa, encargada del depósito, M. Vázquez. Naput comenzó detallando todas las tareas que desempeñaba en la entidad, llegando a ser responsable, según sus palabras, de la parte de recursos humanos de la Mutual, de ATE Casa España, del predio de ATE y finalmente del Hotel ATE UNL.

Al referirse directamente a los procesos de compra, Naput se excluyó de cualquier posición de toma de decisiones: “el encargado de compras y la secretaria de finanzas definían los montos a disponer para cada producto”. Además dijo que él nunca tuvo claves  para realizar transferencias, ni firma autorizada para emitir cheques.

A continuación dejó entrever que la denuncia tendría su motivación en reclamos laborales que tanto él como su esposa comenzaron a realizar a sus superiores. Dentro de estos reclamos detalló cuestiones relacionadas al vínculo laboral como también ciertas advertencias de irregularidades en las compras que notificaba a los superiores.

En sentido similar, Vazquez precisó sus funciones como encargada del depósito. Explicó que tenía nueve personas a su cargo y que quienes recibían la mercadería eran los empleados. “Yo ingresaba la mercadería al stock cuando los chicos me llevaban los remitos”.

La imputada explicó cómo será la maniobra de “ajuste de stock” que se sospecha manipulaba para ingresar mercadería que no era recibida. Vazquez acusó al encargado de compras de haber solicitado mercadería sin la orden, y que luego ella debía ingresarla en el sistema sin contar con el remito. Al igual que su esposo, explicó que estas irregularidades habían sido advertidas a los superiores.

Las irregularidades detectadas por la fiscalía que complican a los imputados

Al momento de justificar la imputación, el fiscal Leandro Lazzarini precisó las maniobras detectadas en las compras que vinculan y complican a los cuatro imputados.

En primer lugar, se precisó que en ninguna de las compras realizadas a Faría y Marrero, proveedor de telefonía e indumentaria respectivamente, se detectaron órdenes de compra. “Alteraron el proceso de compra desde el primer momento”, manifestó el fiscal.

Además, toda la mercadería de estos proveedores ingresó por ajuste de stock, no se cuenta con un solo remito. El gerente autorizaba una orden de pago sin contar con la documentación correspondiente.

Todos los pagos a estos proveedores fueron autorizados por Naput, excepto en tres oportunidades que lo dispuso vía telefónica.

Por último, Lazzarini insistió que el procedimiento irregular de compra se constató únicamente con estos dos proveedores.

Patrimonio millonario

A continuación el fiscal expuso cómo había cambiado la situación patrimonial de los imputados durante el periodo de tiempo investigado. En relación a los proveedores enumeró la compra de una gran cantidad de vehículos de alta gama y bienes inmuebles.

Sobre los ex empleados detalló la compra de dos autos y dos motos.

Al terminar la exposición fiscal, los proveedores pidieron declarar. En un primer momento Marrero explicó cómo se dio su contrato para la provisión de mercadería y zapatillas, y dijo que con Naput habló sólo una vez por una faltante de calzados. Además dijo que “los remitos los tenían los transportistas y se las daba a ATE. A mí nunca me dieron un remito”.

Por último se mostró ofendida que la hayan presentado como “una jubilada”: “he tenido empresas, clínicas, comercializo ambulancias” manifestó la mujer a fin de justificar sus bienes.

En similar sentido se expresó su hijo, quien explicó como hacía las transacciones de los equipos de telefonía, y que en 2016 ganó un juicio por el cual se vio beneficiado con un fideicomiso millonario que le permite la adquisición de todos los bienes objeto de secuestro.

Libertad bajo fianza

Finalmente tras un cuarto intermedio, las partes acordaron que los imputados recuperen la libertad fijando una fianza de dos millones de pesos cada uno, más las normas de conductas habituales para quedar sujetos al proceso.

El fiscal Lazzarini dijo desde el móvil de la radio que lo manifestado por los imputados les servirá para seguir profundizando la investigación.