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Judiciales 23.02.2019

Un fiscal irá a juicio por un abuso sexual ocurrido hace 9 años

Es Rubén Rivero, quien había pedido la prescripción de la causa que se le sigue por la denuncia de una adolescente. Ahora Casación dio luz verde al debate oral.

Fuente: Clarín

Rubén Ariel Rivero (50) es alguien difícil de juzgar. No por su condición moral, que está clara, sino por su habilidad para eludir las consecuencias de sus actos. Y por la complicidad habitual de cierta parte del Poder Judicial bonaerense siempre lista para asegurar, con total impunidad, la impunidad de algunos privilegiados.

Sobre todo si se trata de uno de los suyos.

Rivero fue oficial sumariante de la Policía Bonaerense en su ciudad natal, La Plata. Trabajó en la Brigada de Investigaciones, luego en Policía Científica, llegó al área de Inteligencia y, entre tanto, estudió Derecho. Una vez recibido se metió en la Justicia provincial: fue auxiliar en una defensoría, secretario en un juzgado de Ejecución, instructor en una fiscalía y en 2009, por fin, lo nombraron fiscal.

El 14 de agosto de aquel año, Rubén Rivero juró como fiscal de Olavarría. “Siempre, amén de los esfuerzos que uno hace, está sujeto sobre los hombres el peso del azar. Pero, igualmente, la eficacia me destacó en toda mi carrera. Y este reconocimiento llegó finalmente en un ámbito tan importante como la ciudad de Olavarría”, señaló a los periodistas locales tras apoyar su mano derecha sobre una Biblia de tapas verdes para asumir en su cargo.

Tres semanas más tarde había abusado de una adolescente y empezaba su carrera -exitosa, hasta este momento- de evitar una condena por ello.

 

Rivero quedó a cargo de la UFI N°4 de Olavarría. De inmediato se instaló en una casita blanca de una planta, en la esquina de Bartolomé Mitre y Vicente López. Hombre de necesidades básicas irresueltas, mientras comenzaba a ejercer su cargo de fiscal se puso a buscar a alguien que lo ayudara con las tareas domésticas. Tal como ya relató Clarín, un sargento de la Policía Bonaerense que actuaba como custodio en la Fiscalía le sugirió que contratara a su hija, una adolescente de 16 años que necesitaba un sueldo. Y el funcionario judicial estuvo de acuerdo.

El abuso se produjo rápido. Sólo cuatro días llevaba la menor en su casa cuando tuvo que salir a la calle corriendo para eludir la larga mano de Rivero. Fue el martes 8 de septiembre de 2009, cerca de las 18.10, cuando ambos estaban solos. Según la denuncia que presentaría horas después, estaba trabajando en la habitación principal -la misma que el fiscal compartía con su pareja- cuando el funcionario se puso a hablarle en tono paternal y la hizo sentarse sobre su falda.

A partir de ahí todo fue de pesadilla. Según la denuncia, el fiscal le tocó una pierna con una mano y con la otra le tomó las suyas. Luego acarició el angelito que ella tenía colgado en el cuello, le dijo que nunca la iba a abandonar y empezó a hacerle comentarios sobre lo carnosos que, desde su punto de vista, eran sus labios. Enseguida, contó la adolescente, el fiscal le tomó la cabeza y la acercó por la fuerza para besarla en la boca. La chica lo eludió de un salto y salió corriendo de la casa.

La velocidad de su huida fue proporcional con la de la denuncia penal que presentó contra el fiscal, aunque con la de la causa que se abrió a continuación. Rivero la ignoró durante un tiempo, paséandose por el centro de Olavarría con su arma reglamentaria de policíaretirado bien a la vista en el cinturón. El expediente incomodaba a sus colegas, que se lo fueron pasando de manos. Hasta que cayó en el despacho del fiscal de Azul Néstor Prado, a quien no le preocupó la profesión del imputado. Le tomó declaración a la mejor amiga de la adolescente, a su papá y a la víctima, juntó pruebas y, el 8 de enero de 2010, procesó a su colega por abuso sexual “intimidatorio por relación de poder”. Además lo citó a indagatoria.

Pero, claro, Rivero tenía fueros. Los mismos que hoy, 9 años después de la denuncia, sigue teniendo.

 

Lejos de intentar probar su inocencia, Rivero decidió tratar de dinamitar el expediente. Y casi lo logra. Pidió la nulidad de la causa y objetó todo lo actuado, hasta que llegó a la Corte Suprema. No pudo evitar que lo corrieran de su puesto en Olavarría, pero mantuvo el cargo de fiscal. En diciembre de 2011, el máximo tribunal rechazó su último recurso y dejó el camino libre para que lo indagaran, pero Rivero recusó a su colega Prado porque supuestamente había“adelantado postura y opinión” al imputarlo por el abuso.

Eso frenó la causa hasta abril de 2012, cuando la Cámara rechazó su planteo. El 29 de mayo de 2012, a casi tres años de haber sido imputado por abuso sexual, Rivero al fin se dignó a ejercer su defensa a través de su declaración indagatoria. Allí, entre las pruebas que le enrostraron, estaba una pericia psicológica demoledora, que lo mostraba como alguien que “utiliza mecanismos de negación y disociación”, que muestra “dificultades en las relaciones interpersonales con escasa empatía” y que “proyecta su mundo interno sin tener en cuenta la realidad”.

Difícil diagnóstico para un fiscal que, pese a esto, no dejó de ser fiscal. Prado, igual, lo envió a juicio oral.

Rivero esperó, con paciencia, hasta los días previos al debate. Entonces, abril de 2014, señaló que no estaba en condiciones psicológicas de enfrentarlo. Hubo que esperar a que lo sometieran a pericias psiquiátricas y ahí logró estirar aún más los plazos: los peritos dijeron que había “aspectos psicopatológicos que afectaban la capacidad plena de Rivero para intervenir en calidad de imputado en el juicio oral”, le ordenaron un tratamiento y se resolvió esperar 12 meses para juzgarlo.

 

Pasó un año, se lo evaluó otra vez y la Asesoría Pericial Departamental recomendó seguir esperando. Así se llegó a principios de 2016, cuando el juez Héctor Torrens decidió cortar con tanta dulzura. El 2 de marzo puso fecha para el juicio, pero Rivero apeló y la Cámara de Azul le dio la razón: había que evaluar otra vez si estaba psíquicamente apto.

Semanas después, Rivero se presentó a hacerse las pericias, pero aclaró que no se sometería a ellas porque así lo dictaba el “asesoramiento de su psiquiatra”. El juez Torrens se hartó y el 7 de marzo de 2017 le fijó fecha de juicio oral para los días 1°, 2 y 5 de junio de ese mismo año tras dar por acreditada la capacidad para estar en el juicio del acusado. El fiscal apeló, pero el 26 de abril la Cámara rechazó su presentación. Todo parecía encaminado, pero Rivero guardaba un As: la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa contra él porque había transcurrido más tiempo desde la denuncia que los 4 años de pena máxima previstos para el delito.

Un escándalo. Sin tener en cuenta ni por un instante los motivos por los que el juicio se había demorado, la Sala de los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky declaró extinguida la causa y sobreseyó a Rivero.

Que seguía -sigue- siendo fiscal.

La resolución de prescripción fue apelada y llegó a la Suprema Corte provincial, que ordenó dictar un nuevo fallo.

 

Esto acaba de pasar. El caso volvió al Tribunal de Casación, pero ahora a otra sala: la que integran Daniel Carral, Ricardo Maidana y Carlos Angel Natiello.

Carral votó como los jueces anteriores: insistió con la prescripción, en favor de Rivero. Pero su colega Ricardo Maidana no se detuvo en la cuestión del tiempo, sino que usó contra el acusado aquello que le permitió obtener tantos beneficios: su condición de fiscal.

¿Qué dijo Maidana? Recordó que la ley prevé que los plazos de prescripción no corren igual para los funcionarios. “Se debe aplicar la suspensión del curso de la prescripción por la condición de funcionario público del imputado”, escribió. “El hecho atribuido aconteció cuando el acusado revestía el cargo de fiscal . Y de las particularidades del proceso se desprenden signos evidentes y datos objetivos que permiten considerar que a partir de su condición funcional ha ejercido influencia en perjuicio del ejercicio de la acción penal que se dirige en su contra”, indicó. Su colega Natiello votó en el mismo sentido y así, por 2 votos a 1, Rivero quedó ahora obligado air a juicio oral por el abuso sexual denunciado hace 9 años.

Aún le queda una escapatoria: renunciar a su cargo de fiscal y exigir que se le declare la prescripción por el tiempo transcurrido, como a cualquier civil.

Mientras lo decide, sigue cobrando su sueldo de funcionario.

Juicio oral por la causa vialidad