Viernes tenso en Barcelona, con rutas y calles cortadas e incidentes entre manifestantes y la policía, mientras el gobierno español de Pedro Sánchez celebra un excepcional consejo de ministros en la capital catalana. La medida, con la que Sánchez quiso mostrar su cercanía con Cataluña, fue considerada una "provocación" por los independentistas catalanes.
 

Con lemas como "desbordémoslos" o "seremos ingobernables", distintos grupos independentistas convocaron acciones para bloquear Barcelona e incluso tratar de impedir el consejo de ministros.

 

Desde el amanecer, los activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR, grupos de acción directa) cortaron una decena de rutas en Cataluña, entre ellas importantes autopistas como la AP7 y la A2, que comunican la región con Francia y Madrid.

También cortaron importantes vías de acceso a Barcelona, luego reabiertas, y algunas arterias neurálgicas de la ciudad, según el servicio regional de tráfico.

La policía cargó junto a la parte baja de la Rambla contra algunos de estos manifestantes, quienes tiraron vallas a los agentes. Los choques y las corridas siguieron y ya hay una decena de detenidos.

El excepcional consejo de ministros comenzó pasadas las 09 en el palacio de la Llotja de Mar, el antiguo lugar de encuentro de los mercaderes de Barcelona, cerca del litoral mediterráneo. Estaba custodiado por un fuerte dispositivo policial, dotado de varias barreras a cientos de metros del edificio para mantener alejados a los manifestantes.

Los incidentes y el consejo de ministros de este viernes llegan tras la reunión el jueves en Barcelona entre Sánchez y el presidente catalán Quim Torra, quien no esconde su ambición de alumbrar algún día una República catalana independiente de España.

 

Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a "un diálogo efectivo" para "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica".

"Nos corresponde a todos abrir una nueva etapa", añadió Sánchez posteriormente en una cena empresarial donde volvió a coincidir con Torra.

El encuentro fue enérgicamente criticado por la oposición conservadora. Pablo Casado, líder del Partido Popular, criticó que Sánchez brindara al separatista Torra un trato "prácticamente de jefe de Estado", y aseguró haber sentido "vergüenza ajena".

A pie de calle, los ánimos también se volvían contra el ejecutivo independentista catalán por este diálogo que, según se anunció, continuará en enero con otra reunión.

Los separatistas, sin quienes Sánchez no dispone de mayoría parlamentaria, retiraron el apoyo al gobierno español después de que la fiscalía reclamara entre 7 y 25 años de cárcel para los acusados por el intento de secesión, que serán juzgados a principios de 2019.

También Sánchez endureció el tono, presionado por la derecha y la extrema derecha, que entró por primera vez en un Parlamento regional de España, el de Andalucía, con un agresivo discurso contra los separatistas.

Las diferencias quedaron reflejadas en las tensas negociaciones sobre el formato de la reunión del jueves: para el gobierno español era una reunión entre presidentes, para el catalán una "minicumbre de gobiernos", como si se tratara de dos Estados distintos.

El tono cambió tras el encuentro, aunque las soluciones propuestas por ambas partes sean distintas: un mayor autogobierno para Cataluña en el caso de Sánchez, un referéndum sobre la independencia por parte de Torra.