NUEVA YORK.- Venezuela es un país donde el partido gobernante, que alguna vez supo ganar elecciones limpiamente, le arrebató el poder al Parlamento en respuesta a la victoria de la oposición, llenó las cortes con sus adeptos políticos y eliminó prácticamente todos los medios de comunicación independientes. Los grupos de la oposición solo ejercen presión sobre el gobierno desde la calle. La violencia política se cobró cientos de vidas.

La economía venezolana, totalmente dependiente de las vacilantes exportaciones de petróleo y durante años distorsionada por políticas truchas y mal concebidas, sufre desabastecimiento de productos tan básicos como el agua y los alimentos. Miles de refugiados huyeron a países vecinos. Los informes de un intento fallido de golpe que incluía a oficiales de las cuatro fuerzas militares venezolanas no fue una sorpresa.

Pero aunque los obstáculos que enfrentan otros grandes países de la región no son tan calamitosos como en Venezuela, está claro que la irrupción de problemas y el descontento público se volvieron características comunes de toda América Latina.

En la Argentina, Mauricio Macri fue elegido presidente en 2015 con la promesa de una amplia reforma económica para reabrir la economía del país a las inversiones extranjeras y relanzar el crecimiento tras años de alta inflación y aislamiento financiero. Al comienzo, Macri efectuó ajustes graduales sobre la economía, pero eso no logró remediar la subyacente falta de confianza de los inversores.

En abril pasado, tras el aumento de las tasas de interés del Tesoro de Estados Unidos, que provocó una liquidación de activos de los mercados emergentes, se desató una corrida contra el peso argentino que forzó a Macri a acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de ayuda. La inflación se disparó. El FMI le dará a Macri un poco de protección para avanzar en reformas económicas que causarán más padecimientos a la ciudadanía en general, pero es probable que pague un precio por eso, porque los votantes lo eligieron para liberar a la Argentina de los acreedores implacables.

Macri tendrá que hacerles frente a más protestas y a una oposición envalentonada. Las elecciones presidenciales del año próximo prometen ser extraordinariamente disputadas.

Los problemas en México culminaron en una elección trascendental y en la victoria aplastante de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente "de izquierda" electo allí desde la década del 30. Esa explosión se fue gestando durante años. La corrupción en las instituciones públicas, incluidas las denuncias que involucraron a la familia del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, solían repetirse en los titulares de los diarios.

Los homicidios alcanzaron niveles récord en todo el país, y se ha manifestado violencia ligada a bandas delictivas incluso en regiones donde antes era infrecuente. Con un armamento de calidad, las bandas del narco lograron tomar el control de ciudades enteras en algunas partes del país, y los políticos que las enfrentan lo hacen por su cuenta y riesgo. Durante la campaña para las elecciones de este año, fueron asesinados más de 130 políticos mexicanos.

Y México también tiene un vecino problemático al norte. Ya desde su primer discurso como candidato presidencial, Donald Trump empezó a hostigar a México.

Su controvertida postura continuó, por supuesto, con la renegociación forzada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) con México y Canadá. Como quedaba claro que México pronto tendría un nuevo presidente con una actitud pública nueva y más escéptica respecto del Nafta, Trump dijo que las negociaciones sobre el acuerdo se extenderían hasta 2019. México y Canadá, seguros de que el partido de Trump y su base de apoyo quieren que el acuerdo siga existiendo, no dan el brazo a torcer ante la presión del norteamericano.

Habrá mucha incertidumbre durante el período de cinco meses hasta la asunción de López Obrador, y todavía mucha más cuando el nuevo presidente comience a cambiar las políticas de México.

Incertidumbre

Finalmente, en Brasil, un país que sufrió el peor escándalo de corrupción y la desaceleración económica más profunda de las últimas décadas, en octubre se celebrarán unas elecciones presidenciales totalmente inciertas. Las reformas orientadas a ordenar la economía brasileña a largo plazo reduciendo el gasto del Estado han dado pocos frutos.

Una reciente huelga nacional de camioneros paralizó el país y forzó al gobierno a abandonar un plan de aumento de precios de los combustibles en respuesta al aumento del petróleo. Los delitos violentos forzaron al gobierno a entregarle al ejército el control de grandes sectores de Río de Janeiro.

Los dos principales candidatos presidenciales son un expresidente actualmente en prisión por cargos de corrupción (Luiz Inacio Lula da Silva) y un senador de derecha y excapitán del ejército que expresó abiertamente su admiración por la actuación de los militares y la brutalidad policial (Jair Bolsonaro). Una encuesta realizada en junio reveló que, si pudiesen, el 62% de los brasileños de entre 16 y 24 años dejarían el país.

Todos estos países enfrentaron crisis más profundas en el pasado, pero ninguno de ellos parece encaminarse hacia días más luminosos.

El autor es presidente del Grupo Eurasia

Traducción de Jaime Arrambide

Por: Ian Bremmer