El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Aníbal Fernández en el marco de una acusación por "insolvencia fraudulenta" con el presunto objetivo de eludir un embargo de bienes dictado por Claudio Bonadio en la causa conocida como Plan Qunita.

Según informó Tiempo Argentino, Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del ex Jefe de Gabinete por “inexistencia de delito”. El magistrado indicó que la instrucción de la causa penal “en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado” y cerró el trámite sin haberle tomado ni siquiera declaración indagatoria.

El dirigente quilmeño había sido denunciado por haber vendido dos automóviles cuando Bonadio lo había procesado y le había dictado un embargo de 440 millones de pesos en la causa que investiga supuestos ilícitos cometidos alrededor del “Plan Qunita”.

Esas transacciones se concretaron efectivamente, pero con el dinero obtenido compró otro vehículo de mayor valor que la suma de los que vendió, y lo registró a su nombre y dentro de su patrimonio. Según determinó el juez, “no hubo actos tendientes a incumplir una obligación, ni se verificó la existencia de un fallo condenatorio firme que no fue obedecido, por lo tanto no puede considerarse que Fernández cometió el ilícito”.

En el fallo quedó consignado lo que sucedió: “Con el producto de esas ventas registradas –que ascendió a la suma $1.104.000- adquirió otro automotor por la suma de $1.148.000”.

De este modo, quedó demostrado que Aníbal Fernández no cometió ninguna de las conductas que el Código Penal contempla para quien “maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles”.