Este miércoles, los diputados provinciales Leandro Busatto, Mercedes Meier, Carlos Del Frade, Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger, Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Julio Eggiman, Claudia Giaccone, Roberto Mirabella, Germán Bacarella, Federico Reutemann, Silvia Simoncini, Olga Coteluzzi y Luis Rube presentaron el proyecto de “Revisión y Regulación Tarifaria e Impositiva”, conocido como “Congelamiento de tarifas” que establece como principales puntos: retrotraer las tarifas de luz y agua a noviembre de 2017; suspender aumentos para 2018; suspender cortes de servicios para sectores económicamente vulnerables; que los aumentos no superen los incrementos salariales; y la creación de un fondo que compense lo que las empresas estatales dejen de percibir por tarifas.

"Son proyectos que hemos unificado, proyectos que habíamos presentado con anterioridad entre 15 diputados, no es autoría de nuestro bloque. Nosotros habíamos presentado con el diputado Giustiniani una iniciativa para que los servicios de potestad provincial (agua y luz) no puedan ser incrementados por encima del coeficiente inflacionario que define el INDEC y ahora hemos presentado entre 15 legisladores es la unificación de diversas iniciativas donde se está planteando retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, congelar durante 2018 y a partir de 2019 la prohibición de incrementar por encima del índice inflacionario los servicios públicos de potestad provincial y además la creación de un fondo para hacer frente al incremento de los insumos mayoristas". 

"Nosotros le vamos a pedir al gobernador que habilite el período de extraordinarias para tratar un proyecto de ley. El tema de la tarifa ha tomado relevancia en la agenda pública, no sólo para los comercios y las pequeñas industrias sino para cada uno de los santafesinos. Hoy los servicios públicos constituyen un porcentaje muy alto dentro del presupuesto familiar".

Los puntos salientes:

El proyecto propone retrotraer las tarifas de agua corriente y electricidad a los valores de noviembre de 2017, y que no haya aumentos durante 2018. Asimismo, prohíbe que se corte el suministro eléctrico por falta de pago a quienes no hayan podido afrontar los aumentos, por ejemplo, quienes se encuentran desempleados o perciban la jubilación mínima o asignación familiar por hijo. Si el servicio ya fue interrumpido, deberá restablecerse en un plazo de 24 horas, sin costos para el usuario.

También incorpora una revisión tarifaria de la Empresa Provincial de la Energía, y propone que “la medición y facturación” sea mensual y no bimestral, como hasta ahora. Así, la enorme mayoría de los usuarios no superaría –o lo haría con escaso margen- los 300 kw. De esta manera, el monto a pagar se reduciría claramente, ya que la EPE factura los primeros 150 kw a un precio, los segundos 150 kw a un precio mayor, y el excedente de esos primeros 300 kw a un monto muy superior.

Para poner un ejemplo concreto: si una familia consume 500 kw en un bimestre y la EPE le cobra hoy $1,30 los primeros 150 kw, $2,06 los segundos 150 kw y $2,63 por cada kw excedente, sólo de consumo hoy paga $1.030, a lo que se le deben sumar impuestos, cuota de servicio y alumbrado público. Si la facturación pasara a ser mensual, con el mismo consumo, pagaría $401 el mes ($802 el bimestre, más impuestos, cuota de servicio y alumbrado público) lo que implicaría una baja de más del 20% para los usuarios.

Cabe recordar que, mientras la EPE compró energía subsidiada a la distribuidora Cammesa, la gestión del Frente Progresista Cívico y Social decidió aumentar, igual, las tarifas. Según datos oficiales, entre 2008 y 2016 la compra de energía de la EPE aumentó un 527%. En ese mismo período, la EPE aumentó sus ingresos por venta de energía (es decir, lo que cobra por su facturación) un 813%. Esa política del oficialismo santafesino llevó a que, durante sus diez años de gestión, la tarifa eléctrica se haya incrementado casi un 1500%, mientras que el aumento de salario de los empleados estatales apenas superó el 1000%, ocasionándole un grave perjuicio al poder adquisitivo de los trabajadores.

El texto también especifica que la revisión tarifaria que se haga de cara a 2019 no podrá ser más alta que la que marquen el índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPCSF) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).