El Gobierno anunció en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda un conjunto de normas para desregular y desburocratizar el Estado. El proyecto se plasmará en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que será publicado mañana en el Boletín Oficial. El anuncio lo formuló el ministro de Producción, Francisco Cabrera, acompañado por el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauste, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Cusellas, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop.

Con esta medida "buscamos reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficientes, y con el consecuente ahorro de tiempo", dijo Cabrera. Por su parte, Clusellas afirmó: "No queremos que la gente sea el 'cadete' del Estado, haciendo trámites innecesarios". Además, destacó que "esto busca eliminar la burocracia estatal y agilizar los trámites que una persona debe realizar en el Estado".

El DNU incluirá un conjunto de más de 40 normas para reducir los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que permitirán nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinadas a reducir costos y ganar competitividad.

Para poner en marcha este conjunto de normas, no hará falta una ley aprobada desde el Congreso de la Nación porque se publicará directamente en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia que, en principio, derogará el Registro Industrial de la Nación (RIN). El DNU que se publicará mañana agrupa 170 medidas en 22 capítulos en las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. También incluye dos organismos descentralizados, la AABE y la ANSES, y el Banco Central. Estas medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19.

Desde el Gobierno sostienen que con un nuevo proceso administrativo la Argentina podría atraer más inversiones extranjeras directas, con contratos más ágiles y una simplificación de los procedimientos legales del Estado.

También incluirá la desregulación del régimen de contrataciones de la Administración de Bienes del Estado. Una de las grandes novedades es que habrá un nuevo marco operatorio para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, y modificaciones con respecto a las licitaciones de la obra pública. Los terrenos improductivos que pertenecen al Ejército Argentino pasaran a la órbita de la Agencia de Bienes del Estado (AABE).

Además, incluirá distintas reglas normativas sobre la ampliación de los alcances de la firma digital, la habilitación de puertos, la creación de un Fondo Fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor y la regulación de la circulación de obras de arte. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pasaría a ser una sociedad del Estado para desregular el mercado de la aeronavegación y dependerá de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que es una empresa del Ministerio de Transporte (Argentina) encargada de brindar los servicios de navegación aérea en la República Argentina y sus aguas jurisdiccionales.

"El EANA implementa la planificación, dirección, coordinación y administración del tránsito aéreo, de los servicios de telecomunicaciones e información aeronáutica, de las instalaciones, infraestructuras y redes de comunicaciones del sistema de navegación aérea", manifestó Cabrera.

Con respecto al transporte, otra de las novedades será que habrá que registrar los cuatriciclos patentándolos y además habrá que sacar licencia.

El Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa será reemplazado por el Fondo de Garantía Argentino. Podría haber también una modificación en la estructura de la Unidad de Información Financiera (UIF) que está a cargo de la investigación del lavado de activos.

Lo concreto es que el Gobierno publicará un decreto por el cual reduce los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que permitirán nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinados a reducir costos y ganar competitividad.

Para esto, el decreto establece que los expedientes digitales "tienen la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos".

Además, hace obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el sector público nacional, entre otras medidas.

La iniciativa también apunta a que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse, al tiempo que se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes, permitiendo la presentación de dibujos y fotos digitales. Sumado a esto, se podrán resolver sin ir a la Justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.

Además, se elimina el Registro Industrial de la Nación, que se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial. Pero hoy hay cerca de 110.000 empresas en el país y este control se superpone con otras dependencias, como AFIP e INDEC, que tienen datos más completos sobre este universo.

En el ámbito de la Cultura, se habilita exportar hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos más de cincuenta años antes, sin tener que pedir permiso a la Aduana.

En Transporte se unifica la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA, dejando de lado la competencia del Ministerio de Defensa, y se incorporan nueve aeropuertos a su sistema de control, el cual es un servicio público.

Además, se habilita el uso "en algunos corredores viales" de los llamados "bitrenes", formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar más carga, y reducir costos logísticos en más de 20%.

Asimismo, mientras que antes había dos licencias nacionales de conducir, una para todos y otra para conductores profesionales, emitidas por dos organismos distintos, ahora ambas se unifican en la Agencia de Seguridad Vial, "lo que permite cruzar bases de datos de infractores, inhabilitados, mejorando el control en el proceso".

Cabrera destacó que estas y otras medidas forman parte de un trabajo que comenzó en el 2015, cuando las autoridades de las distintas áreas "revisaron durante meses las normas vigentes y encontraron casos de regulaciones antiguas que habían perdido su razón de ser, o normas que, por un exceso de celo o control, obstaculizaban y frenaban procesos internos o la competitividad de la economía".

"Algunas de la normas eliminadas fueron creadas hace décadas y varias de ellas habían sido aprobadas por gobiernos de facto", completó el ministro.